El Gobierno vasco no se fía de su universidad pública: "Nosotros no corregimos exámenes"
El Gobierno vasco ha manifestado una profunda desconfianza hacia la Universidad pública del País Vasco (UPV/EHU), y la reciente polémica alrededor de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha intensificado el enfrentamiento entre ambas instituciones.
Desde la llegada del nuevo equipo rectoral en enero de 2025, encabezado por Joxerramon Bengoetxea, vinculado a EH Bildu, la universidad ha experimentado una serie de transformaciones que han generado fricción con la administración regional.
Exigencias del Gobierno vasco y respuesta de la universidad
El rector ha impulsado cambios que incluyen la supresión de la denominación oficial “UPV” (Universidad del País Vasco) para usar únicamente la sigla vasca “EHU”, la sustitución del color institucional azul por un verde inspirado en la obra de Chillida y la sustitución de los birretes tradicionales por boinas vascas en los actos de graduación. Estas medidas, percibidas por algunos sectores como una politización del entorno académico, han sido criticadas por el consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, antiguo rector de la propia UPV/EHU.
El conflicto se agravó cuando, en medio de la celebración de un acto político de Vox cerca del campus de Álava, la universidad suspendió temporalmente sus actividades académicas, decisión que el Gobierno vasco no respaldó.
La polémica alcanzó su punto álgido con el escándalo de los “ceros” en la prueba de euskera de la PAU. Según los datos facilitados por la universidad, se registraron 168 notas de cero, de los cuales 108 se concentraron en apenas dos tribunales (números 11 y 12). En particular, el tribunal 11 emitió 80 ceros, 79 de los cuales fueron asignados por el mismo corrector.
El pasado lunes, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, solicitó explicaciones al rector durante una reunión en la que también intervino el consejero de Universidades. Pedrosa reveló que la información suministrada por la UPV/EHU difería de la publicada oficialmente por la universidad y denunció la falta de diligencia y transparencia en la gestión de la prueba.
Ante estos hechos, el Gobierno ha planteado una serie de medidas para evitar la repetición de situaciones similares:
- Hacer pública la composición de los tribunales de corrección de la PAU.
- Garantizar una distribución equilibrada de centros y correctores para evitar concentraciones de errores.
- Establecer un reglamento interno preciso que contemple responsabilidades, plazos, mecanismos de alerta y protocolos de actuación ante incidencias.
- Reforzar la transparencia en la comunicación entre la universidad y la administración.
Hasta 1 778 estudiantes solicitaron la revisión de sus exámenes de euskera. La revisión, publicada por la universidad, mostró cambios marginales: la mayoría de los ceros se mantuvieron por debajo de la nota 2, y solo un 20 % de los exámenes obtuvo una mejora de dos puntos o más.
Ante la polémica, Bengoetxea defendió la actuación de la universidad, asegurando que la corrección se realizó con “independencia, objetividad y profesionalidad”, sin presiones externas. No obstante, el descontento entre los estudiantes se hizo evidente, sobre todo al constatar que los grupos de alumnos comprendidos entre la letra A y la H no recibieron ningún cero, mientras que los de la I a la S acumularon 26 ceros, con una tasa de suspensos que se duplicó en el tribunal 11.
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