El Instituto de Coordenadas cree que la revisión de MARCo debe garantizar la inversión y preservar el liderazgo español en fibra
El Instituto de Coordinación de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha manifestado que la segunda oferta de compromisos presentada por Telefónica y sometida a consulta pública por la CNMC constituye una oportunidad para adaptar el marco regulador a la realidad actual del mercado español de fibra. Según el instituto, la propuesta debe analizarse como una “cuestión estratégica” para garantizar la inversión futura en redes, preservar el liderazgo de España en conectividad y asegurar que el acceso a las infraestructuras civiles se mantenga bajo condiciones económicamente sostenibles y accesibles.
La CNMC abrió, el 30 de junio de 2026, un trámite de consulta pública para examinar la segunda oferta de compromisos de Telefónica en relación con el mercado mayorista de acceso a la infraestructura física (MARCo). La propuesta, comunicada al regulador el 15 de junio de 2026, prevé una vigencia de cinco años, prorrogable por un año adicional; mantiene los plazos de provisión y resolución de incidencias de la oferta MARCo vigente, conserva el Procedimiento de Gestión de Operadores y establece una senda de actualización de las cuotas recurrentes durante todo el periodo.
Principales elementos de la oferta
Para el ICGEA, estos componentes son relevantes porque desplazan el debate desde una visión puramente tarifaria hacia una reflexión más amplia sobre la sostenibilidad de las infraestructuras digitales. La propuesta no contempla la desaparición del acceso ni el cierre de las infraestructuras a terceros; al contrario, busca una actualización ordenada de las condiciones económicas bajo supervisión regulatoria.
“La propuesta sometida a consulta apunta en la dirección correcta: mantener el acceso, preservar la competencia y avanzar hacia condiciones económicas más alineadas con la realidad de los costes y con la necesidad de seguir invirtiendo en redes”, señaló Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del ICGEA.
El instituto destaca que la segunda oferta conserva los principales elementos operativos de la oferta MARCo vigente, incluidos los plazos de provisión, los tiempos de resolución de incidencias y el Procedimiento de Gestión de Operadores. Esta continuidad, según el think‑tank, ayuda a disipar la percepción de que la revisión del marco suponga una limitación al acceso o una ruptura del modelo mayorista existente.
Senda de precios propuesta
- Incremento inicial del 30 % respecto a los precios vigentes.
- Incrementos anuales del 16,96 % durante los tres años siguientes.
- Actualizaciones equivalentes al IPC previsto (2 %) en los años cuarto y quinto.
- Las cuotas no recurrentes se mantienen sin variación.
La previsibilidad es uno de los valores centrales de la propuesta. En un mercado intensivo en capital, la inversión requiere reglas claras, horizontes temporales estables e hitos económicos consistentes. Una senda plurianual de actualización, sometida a consulta y supervisión, permite a los operadores planificar sus decisiones y evita que el debate regulatorio quede anclado en controversias coyunturales.
“La seguridad jurídica no consiste en congelar indefinidamente las condiciones económicas de 2009, sino en establecer reglas transparentes, revisables, predecibles y compatibles con la inversión a largo plazo”, reiteró Sánchez Lambás.
El ICGEA subraya que la actualización de las condiciones económicas de acceso a las infraestructuras civiles no debe interpretarse como una limitación competitiva, sino como una condición necesaria para preservar la inversión, evitar distorsiones y garantizar que las redes que han situado a España entre los líderes europeos en fibra sigan siendo sostenibles en el tiempo.
El debate público, según el instituto, no debe centrarse exclusivamente en los porcentajes de subida, sino en el punto de partida, la evolución histórica de las tarifas, la comparación con los costes reales y la necesidad de mantener infraestructuras cada vez más críticas para la sociedad digital.
Según la información publicada por la CNMC, la propuesta mantiene el acceso a la infraestructura física, conserva los elementos operativos esenciales de MARCo, mantiene las cuotas no recurrentes en sus niveles actuales y plantea una senda plurianual de actualización de las cuotas recurrentes, aportando la previsibilidad necesaria para la competencia.
Recuperar razonablemente los costes no implica restringir la competencia, sino asegurar que el acceso abierto pueda mantenerse en condiciones sostenibles. Conductos, arquetas, postes, canalizaciones y centrales no son activos estáticos ni gratuitos: requieren mantenimiento, renovación, gestión operativa y adaptación a nuevos desarrollos urbanos, así como capacidad para soportar redes más densas y resilientes.
Una regulación que impida reflejar ecuánimemente los costes dinámicos podría debilitar la infraestructura que sustenta la competencia a nivel europeo e internacional. Mantener precios alejados de los costes del mercado durante periodos prolongados genera una transferencia estructural de valor desde quienes soportan la inversión y el mantenimiento hacia quienes utilizan la infraestructura.
En una fase inicial de apertura del mercado, esa dinámica podía ser útil para reducir barreras de entrada y acelerar el despliegue de redes alternativas. Sin embargo, en un mercado consolidado, con amplia cobertura de fibra y un ecosistema competitivo sólido, la regulación debe evolucionar para evitar nuevas asimetrías estructurales que se convierten en subvenciones opacas.
La sostenibilidad económica del acceso es inseparable del liderazgo español en fibra. España enfrenta ahora el reto de mantener infraestructuras más resilientes, seguras y capaces de soportar inteligencia artificial, servicios en la nube, digitalización empresarial, comunicaciones críticas, servicios públicos digitales y conectividad rural. Sin señales económicas ecuánimes, la inversión necesaria para esta nueva etapa podría verse comprometida.
“La competencia no se protege congelando indefinidamente precios diseñados para otro momento del mercado. Se asegura garantizando acceso, previsibilidad regulatoria y capacidad de inversión. Actualizar las condiciones económicas de MARCo no es restringir la competencia; es asegurar que la infraestructura que la hace posible siga disponible, mantenida, actualizada y preparada para el futuro”, afirmó Jesús Sánchez Lambás.
Finalmente, el instituto señala que la propuesta también debe interpretarse en el contexto europeo. La experiencia francesa demuestra que es posible actualizar de forma significativa las condiciones económicas de acceso a infraestructuras civiles manteniendo el acceso abierto, la competencia y la protección de los consumidores. El Reglamento Europeo de Infraestructura Gigabit impulsa el uso compartido de infraestructuras físicas existentes bajo condiciones equitativas y razonables, incluido el precio. Por tanto, la actualización de MARCo debe entenderse como parte de una evolución regulatoria europea que busca facilitar el despliegue y, al mismo tiempo, preservar los incentivos de inversión.
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