El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil admite que no tenía base jurídica para amonestar al agente de la UCO que investigaba al hermano de Sánchez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lleva a cabo investigaciones sobre el entorno del presidente del Gobierno, ha visto ampliarse la campaña de fiscalización y control interno con un nuevo episodio judicial. Según fuentes cercanas al caso, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, jefe del Estado Mayor del Instituto Armado, admitió ante el juez instructor que no existía ningún informe ni base jurídica que sustentara la propuesta de amonestación verbal contra el agente de la UCO que analizó los correos electrónicos en los que aparecía la esposa del presidente, Begoña Gómez, dentro de la causa que investiga a David Sánchez Pérez‑Castejón.
Declaraciones en el “caso Leire”
El testimonio del general Sánchez Peláez tuvo lugar durante la fase de declaraciones del denominado “caso Leire”, instruido por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia nº 5 y presidido por el magistrado Santiago Pedraz. Cuando se le preguntó directamente si contaba con un dictamen jurídico que avalara el castigo administrativo al investigador de la UCO, respondió textualmente: “No, lo propuse yo”. Con esa confesión desmontó su argumentación previa, en la que había asegurado que los procedimientos disciplinarios siempre garantizaban “muchas garantías” para los afectados.
Origen del expediente
- Fecha de los hechos: 4 de diciembre de 2024.
- Orden de apertura de la información reservada nº 1/24 del Estado Mayor, firmada por el Director Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas.
- Motivo: publicación, el 29 de noviembre de 2024, de una noticia digital que revelaba que Begoña Gómez utilizaba una cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno para comunicarse con su cuñado, David Sánchez.
- La información periodística incluía una captura de pantalla de tres correos electrónicos fechados en enero 2019, extraída de un documento técnico elaborado por el analista de la UCO el 6 de septiembre de 2024 para una reunión con la magistrada instructora Beatriz Biedma.
Aunque el jefe de la Jefatura de Policía Judicial, general Alfonso López Malo, remitió una nota aclarando que la filtración se debía a un “error involuntario de la autoridad judicial”, la cúpula de la Guardia Civil decidió seguir adelante con el expediente disciplinario.
Procedimiento disciplinario y la amonestación verbal
La información reservada quedó bajo la responsabilidad del general de división Leonardo Sánchez Peláez. Tras tomar declaración al jefe de la UCO el 20 de diciembre de 2024, el instructor concluyó el expediente administrativo “sin identificar responsabilidad disciplinaria” alguna para los miembros de la unidad de élite. No obstante, el mismo general añadió a sus conclusiones la solicitud de que se “amonestase verbalmente” al analista de la UCO por no haber tenido “más cuidado” al exponer los datos personales de la esposa del presidente.
Esa propuesta fue firmada por el DAO Manuel Llamas en un escrito remitido a la directora general de la Guardia Civil el 13 de enero de 2025, pero fuentes de la investigación afirman que la amonestación nunca se ejecutó. El propio general López Malo declaró ante el juez que “no nos ha dicho que amonestemos a ningún guardia civil” y que la medida no se hizo efectiva.
Incongruencias y falta de garantías
Durante su comparecencia, el general Sánchez Peláez mintió al afirmar que la amonestación verbal “no está tipificada como sanción”. La acusación le recordó que él mismo había subrayado la presencia de un secretario instructor con perfil jurídico‑militar para garantizar los derechos del investigado. Ante la pregunta sobre la existencia de un informe jurídico que respaldara la sanción, Sánchez Peláez reconoció que carecía de soporte legal y que la iniciativa había sido estrictamente personal.
Contexto de presión institucional
Los mandos de la UCO han calificado ante el juez la apertura de hasta tres informaciones reservadas contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) en menos de un año como “excepcional” y “no habitual”. Según testigos, esos expedientes se utilizaban con el único objetivo de “asustar” e intimidar a los agentes que investigaban causas que afectaban directamente al entorno del Gobierno y del PSOE.
La presión sobre los investigadores de la causa de David Sánchez se remontaba a meses antes. El 12 de julio de 2024, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, habría confrontado a los mandos de la UCO, exigiendo que redactaran un nuevo informe que concluyera que “no había nada” y ordenando la suspensión de vacaciones del personal de la UCO. Cuatro días después, el DAO Manuel Llamas visitó la sede de la UCO y ordenó a los investigadores “ponerse de perfil” y no ser “proactivos” en causas con trasfondo político.
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