El organismo encargado del nuevo registro de 'lobbies' revela la pasividad del Gobierno con la transparencia
Tras el estallido del caso que envuelve al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno ha acelerado la creación del registro de lobbies. Ante la falta de apoyo parlamentario para aprobar una ley, Moncloa ha recurrido a un real decreto para poner en marcha un mecanismo que lleva años archivado y que, en teoría, debe permitir a los ciudadanos conocer cómo los grupos de interés intentan influir en la toma de decisiones de los poderes públicos.
El papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
La tarea ha sido encomendada al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). En su Memoria Anual 2025, el organismo destaca la escasa colaboración de varios departamentos del Gobierno cuando los ciudadanos solicitan acceso a información, señalando el elevado número de casos en los que la administración se mantiene en silencio sin emitir una resolución expresa dentro del plazo legalmente establecido.
De las 1 577 reclamaciones resueltas por el CTBG en 2025, 718 (un 45,5 %) fueron desestimadas por silencio administrativo. El Consejo subraya que “quien interpone la reclamación desconoce los motivos por los que la administración ha desestimado su solicitud como consecuencia del incumplimiento del deber legal de resolver en plazo”. El porcentaje de reclamaciones por silencio administrativo ha ido en aumento: 42 % en 2024, 33,8 % en 2023 y 33,7 % en 2022.
De las 1 480 reclamaciones estatales admitidas a trámite en 2025, 976 (65,9 %) fueron estimadas total o parcialmente: en 434 casos se ordenó entregar toda la información solicitada, en 119 sólo una parte y en 393 se estimó por motivos formales, principalmente por la falta de respuesta o de entrega dentro del plazo.
Los ministerios como principales foco de conflicto
Los ministerios concentran la mayor parte de los conflictos. De las 1 577 reclamaciones estatales resueltas, 999 (63,3 %) se dirigieron contra departamentos ministeriales. El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, lideró la lista con 193 expedientes; le siguieron el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Félix Bolaños) con 94, el Ministerio de Hacienda con 83 y el de Transición Ecológica con 72.
La segunda categoría con mayor número de reclamaciones corresponde a los organismos públicos estatales, que engloban entidades autónomas, públicas empresariales y agencias. En 2025 se resolvieron 372 expedientes contra este tipo de organismos.
Según el Consejo, muchas de las reclamaciones se refieren a solicitudes de acceso a información sobre contratos públicos, obras e infraestructuras, o a expedientes administrativos. Otro gran grupo de peticiones está relacionado con información de altos cargos, como agendas institucionales, viajes, gastos asociados y acompañantes.
El CTBG destaca que la mayoría de las reclamaciones son interpuestas por personas físicas, un número “significativo” de ellas son periodistas; una menor proporción proviene de personas jurídicas como asociaciones, sindicatos, fundaciones o empresas.
Presión creciente sin aumento de recursos
En 2025 el Consejo recibió 2 767 reclamaciones, un 40,2 % más que el año anterior, de las cuales 1 778 correspondían al ámbito estatal y 989 al autonómico y local. Las reclamaciones estatales aumentaron un 27 % y las autonómicas y locales un 71 %.
Todo ello ha ocurrido sin que se incrementara la dotación presupuestaria ni el número de efectivos. Al cierre del año, el CTBG contaba con 31 empleados y un presupuesto de 3,38 millones de euros, idéntico al de los dos ejercicios anteriores.
Nuevo registro de lobbies y su régimen sancionador
Con los Presupuestos Generales del Estado aún prorrogados, el Consejo deberá asumir nuevas funciones. El real decreto que crea el registro de lobbies, propuesto por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo máximo de 30 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La normativa obliga a inscribirse a empresas, organizaciones, ONG, plataformas o personas físicas que deseen influir en decisiones de la Administración General del Estado y de sus entidades públicas. El registro será electrónico, gratuito y recogerá datos como la entidad que ejerce la actividad de influencia, los intereses que representa y sus fuentes de financiación.
El órgano competente para la apertura, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores contra los lobbies será también el Consejo de Transparencia. Los altos cargos y empleados públicos deberán publicar sus reuniones y contactos con estos grupos en el Portal de Transparencia, y los proyectos normativos incorporarán una “huella normativa” para identificar a los actores que han intentado influir en su elaboración.
La nueva norma introduce un régimen sancionador con multas económicas, ausentes en el proyecto de Ley de 2025. Las sanciones pueden alcanzar los 40 000 euros en los casos más graves.
Mira tambien:
Deja una respuesta