El sorprendente vínculo legal entre devolución y retorno
Desde la reciente oleada masiva de migrantes que ha llegado a Ceuta, se percibe con claridad una paradoja: el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) permanece ausente del debate político nacional, pese a haber sido consensuado y aprobado por los principales partidos españoles, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP).
El PEMA, la reforma migratoria más ambiciosa de la historia de la Unión Europea, fue aprobado formalmente el 14 de mayo de 2024 y establece un marco común de gestión que refuerza el control fronterizo, agiliza los procedimientos de asilo y crea mecanismos vinculantes de solidaridad entre los Estados miembros. El paquete normativo se compone de nueve reglamentos y una directiva, organizados en un Sistema Europeo Común de Asilo.
Calendario de aplicación y retrasos en España
Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la UE, los reglamentos son obligatorios y de aplicación directa. No obstante, el PEMA incluyó un periodo de vacatio legis de dos años, de modo que la mayor parte del conjunto normativo debía entrar en vigor el 12 de junio de 2026, salvo el Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración, cuya entrada está prevista para el 1 de julio de 2026.
El objetivo de este bienio era que los Estados miembros adaptaran sus ordenamientos internos. España, sin embargo, no ha conseguido cumplir con esa tarea. En diciembre de 2024 el Gobierno remitió a Bruselas su Plan Nacional de Implementación, en el que se reconocía la necesidad urgente de reformar seis normas clave: la Ley de Asilo y su reglamento, la Ley de Extranjería y su reglamento, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la normativa sobre el mecanismo de monitorización fronteriza y la normativa relativa a la toma de huellas dactilares a menores.
Hasta el 24 de junio de 2026, ninguna de esas reformas había sido aprobada. La falta de acción se ha producido en un contexto de silencio parlamentario: ni el PP ni otras fuerzas de la oposición han ejercido presión sobre el Ejecutivo para que cumpla sus compromisos.
Esta inactividad deja a España frente al paquete migratorio más exigente de la UE sin el marco legal necesario para aplicarlo, precisamente cuando el país está gestionando una de las crisis migratorias más complejas de su historia reciente.
Entre los reglamentos del PEMA destaca el Reglamento de Crisis y Fuerza Mayor, que contempla situaciones como la vivida en Ceuta, donde flujos masivos pueden ser instrumentalizados políticamente por terceros países para sobrecargar las capacidades de un Estado miembro. El texto permite al Estado afectado solicitar de inmediato una autorización para aplicar excepciones a los procedimientos habituales y acceder a fondos y recursos de solidaridad europea. Una vez evaluada la solicitud, la Comisión Europea puede declarar formalmente la crisis y desplegar medidas por un periodo inicial de tres meses, prorrogables hasta doce.
A pesar de que la normativa está clara, el Gobierno no ha activado este mecanismo y el PP no ha exigido su uso, lo que genera un vacío de respuesta institucional ante la emergencia de Ceuta.
El Reglamento de Gestión de Asilo y Migración, por su parte, establece que las personas que ingresen de forma irregular no recibirán autorización automática de entrada y deberán permanecer a disposición de las autoridades. Tras un proceso de identificación y control (screening), los solicitantes pueden presentar una petición de protección internacional que debe resolverse en un máximo de doce semanas. Si la solicitud es denegada judicialmente, se abre la vía del retorno ordenado. Además, el reglamento prevé un procedimiento acelerado en frontera para nacionales de países cuya tasa de reconocimiento de asilo sea igual o inferior al 20 % en la UE o procedan de un “Tercer País Seguro”, como Marruecos.
En el caso de menores no acompañados, el pacto refuerza su protección basándose en la legislación anterior y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El interés superior del menor rige todo el proceso: la normativa obliga a nombrar un tutor o representante legal en un plazo máximo de quince días y a iniciar, de inmediato, el protocolo de reagrupación familiar o de protección tutelar en el país de origen. Sólo si el “retorno seguro” resulta inviable, el Estado miembro asume la tutela definitiva del menor.
Todo este marco jurídico fue respaldado tanto por el PSOE como por el PP en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo. El Partido Popular Europeo (PPE), como primera fuerza en la Eurocámara, jugó un papel clave en la negociación del paquete, manteniendo una estrecha colaboración con el Partido Socialista Europeo.
Ante la gravedad de la situación, resulta imperativo que ambos partidos abandonen la confrontación política y colaboren para activar los mecanismos previstos por el PEMA. Solo así será posible afrontar la crisis migratoria de Ceuta de manera eficaz, sin profundizar la desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas.
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