El Tribunal de Cuentas aplica la ley de amnistía y absuelve a los líderes del 'procés' por el delito de malversación
El Tribunal de Cuentas ha dictado una sentencia que absuelve al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a 34 personas vinculadas a su gobierno, aplicando la Ley de Amnistía aprobada en 2023.
Con la resolución se perdona un total de 4,3 millones de euros que se les imputaba por la presunta utilización irregular de fondos públicos para la organización del referéndum del 1‑O y la promoción internacional del proceso independentista.
Beneficiarios de la amnistía
- Carles Puigdemont (expresidente de la Generalitat)
- Oriol Junqueras (exvicepresidente y líder de Esquerra Republicana)
- Artur Mas (expresidente de la Generalitat)
- Raül Romeva, Jordi Turull, Antoni Comín, Lluís Puig y Dolors Bassa, entre otros altos cargos y funcionarios del Govern.
La magistrada Elena Hernáez, responsable de la causa, notificó la absolución este miércoles, argumentando que no se ha demostrado que los gastos del ‘procés’ se financiaron con fondos del presupuesto de la Unión Europea.
La decisión se sustenta en el dictamen de la justicia europea, que confirmó que la aplicación de la Ley de Amnistía no vulnera la normativa de la UE, al no haberse afectado recursos comunitarios. Tras la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo descartó cualquier repercusión financiera derivada de la posible secesión, lo que permitió que los responsables eviten la devolución de casi cinco millones de euros.
La investigación había señalado que desde la Generalitat se habrían utilizado indebidamente 883 695 euros para costear los gastos del 1‑O. Además de los citados, estaban implicados exconsejeros y funcionarios que participaron en la gestión de dichos recursos.
La sentencia aún es susceptible de recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo mediante la vía contencioso‑administrativa. La entidad constitucionalista ha anunciado que impugnará la aplicación de la Ley de Amnistía, manteniendo su oposición expresada durante los últimos dos años.
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