El Tribunal de Cuentas carga contra la prórroga presupuestaria "indefinida" de Sánchez
El Tribunal de Cuentas ha presentado este lunes su Declaración de la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024. En el informe se revisan las cuentas públicas del Gobierno durante la primera prórroga presupuestaria que se dio tras la aprobación de los presupuestos de 2023. La declaración fue aprobada, aunque el consejero Javier Morillas Gómez emitió un voto en contra, al considerar que “no se refleja de manera adecuada” ciertos aspectos relevantes.
Motivos del voto en contra de Javier Morillas
Morillas sostiene que la Declaración debería subrayar “de forma clara y rotunda” el incumplimiento del mandato constitucional que obliga al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de Presupuestos, según los artículos 134.3 y 134.4 de la Constitución Española. Para el consejero, el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estuviera en funciones tras las elecciones generales de 2023 y no presentara el proyecto presupuestario en ese momento no exime al nuevo Gobierno, constituido después de la investidura, de cumplir con esa obligación.
En su voto particular, Morillas indica que “no consta que se haya elaborado un proyecto de Ley de Presupuestos ni que se haya remitido al Consejo de Ministros para su aprobación, ni que se haya enviado al Congreso de los Diputados, ni en 2023 ni en 2024”. Según su criterio, la ausencia de este proyecto supone un incumplimiento constitucional, aun cuando la falta de aprobación no dependa de la propia presentación.
El consejero también recuerda que el artículo 134.4 de la Constitución contempla la prórroga presupuestaria como una medida “estrictamente temporal”, limitándose “hasta la aprobación de los nuevos presupuestos”. Por ello, rechaza que la situación actual se convierta en una extensión automática e indefinida de la Ley Presupuestaria de 2023, señalando que el Ejecutivo ha convertido una excepción puntual en una prórroga “no temporal, sino indefinida”.
En consecuencia, durante toda la XV legislatura, que comenzó en 2024 y se extiende hasta la fecha actual (abril de 2026), el Gobierno de Sánchez no ha presentado al Congreso ningún proyecto de Ley de Presupuestos para 2024, 2025 ni 2026, prorrogando así el presupuesto de 2023, “correspondiente a una legislatura anterior”, según afirma Morillas. Este hecho, según el consejero, vulnera la representación de la soberanía popular y la propia nación española.
Los presupuestos no son simplemente una herramienta contable; constituyen el instrumento mediante el cual el Ejecutivo concreta en cifras sus prioridades políticas (política social, internacional, seguridad, defensa, fiscalidad, justicia, vivienda, transición ecológica, etc.). Al no someter este proyecto a debate parlamentario, el Gobierno elude una de las funciones esenciales del Parlamento: examinar, enmendar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Además, la ausencia de presupuestos se acompaña de la falta de una senda fiscal aprobada para las comunidades autónomas. El Gobierno tampoco ha completado el procedimiento previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 2/2012 para fijar los objetivos de estabilidad y deuda de cada comunidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señaló en un informe de julio de 2025 el “retraso existente” en los primeros pasos del proceso presupuestario de 2026, incluida la ausencia de la propuesta de objetivos de estabilidad autonómica y la falta de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En condiciones normales, el artículo 20.1 establece que, si una comunidad autónoma incumple sus objetivos de estabilidad presupuestaria o deuda pública, sus operaciones de endeudamiento requieren autorización previa del Estado. Al no existir dichos objetivos, el Gobierno introdujo una disposición específica en el Real Decreto‑ley de medidas tributarias urgentes y de apoyo por los daños causados por la DANA y otras emergencias, publicado en el BOE el 28 de abril de 2026. En el Capítulo II, artículo IV, se dispone que estas autorizaciones “no serán preceptivas cuando no se haya podido verificar el cumplimiento de los objetivos porque no se hayan aprobado previamente los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública de cada comunidad autónoma”.
Según el secretario general de la Asociación de Gestores de la Hacienda Pública (GESTHA), José María Mollinedo, la medida no elimina el control sobre la deuda autonómica, pero sí flexibiliza el régimen de autorizaciones, ya que “no se puede exigir el cumplimiento a una comunidad si ni siquiera se han fijado los parámetros con los que medirlo”.
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