El Tribunal de Cuentas se ve incapaz de valorar la contabilidad de Vox entre 2021 y 2022
El Tribunal de Cuentas ha concluido la auditoría de la actividad económica de los partidos políticos correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022, y ha elaborado el informe que será remitido a la Comisión competente para su aprobación.
En el caso del partido Vox, el órgano fiscalizador ha indicado que no dispone de la información suficiente para valorar la contabilidad de la formación liderada por Santiago Abascal, lo que constituye un precedente a nivel nacional.
El informe deberá ser aprobado este otoño; la auditoría ha sufrido retrasos debido a las sucesivas convocatorias electorales municipales, autonómicas y generales que se han desarrollado en 2023.
La valoración de las cuentas corresponde a las dos consejeras designadas para este tipo de informes: Dolores Gánero, propuesta por el PSOE, y Elena Hernáez, designada por el PP. Cada una de ellas puede emitir una opinión favorable, favorable con salvedades, desfavorable o bien denegarla por falta de evidencia.
Según fuentes cercanas al medio, la posición que probablemente adoptarán es la denegación de la opinión sobre las cuentas de Vox, al no haberse conseguido la documentación necesaria para formar una valoración fiable.
Expectativas de publicación y contexto político
Se prevé que la decisión final se haga pública después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Congreso de los Diputados pueda debatir el informe.
Vox ha tomado conocimiento de la situación y ha estado solicitando al Tribunal una opinión favorable desde hace varios meses. El partido forma parte de la Comisión Mixta Congreso‑Senado que supervisa al órgano fiscalizador y ha mantenido una relación tensa con el Tribunal de Cuentas, con episodios anteriores como la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de una sanción de 862.496 € impuesta en junio de 2023.
Existen antecedentes de denegación de opinión a nivel autonómico: Nueva Canarias en 2018‑2019, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en 2022, además de rechazos a IU en su federación de Madrid, a Ciutadans en la Comunidad Valenciana y Cataluña, y a EH Bildu en el País Vasco.
La financiación de Vox vuelve a estar bajo la lupa, sobre todo por los créditos obtenidos del banco húngaro MBH, vinculado al fondo Corvinus y, por extensión, a la política de Viktor Orbán. Según el propio partido, estos préstamos resultaron más accesibles que los ofrecidos por la banca española, que habría impuesto un veto a la solicitud.
El diario El Independiente informó en 2025 que tanto Santander como BBVA concedieron líneas de crédito adicionales a Vox para afrontar la campaña de 2023. En una entrevista en Onda Cero, Santiago Abascal defendió que “los húngaros no tienen nada que ver; es un banco europeo que nos ofreció un crédito con intereses muy altos, a los que los bancos españoles renunciaron”. Político ha señalado que Vox todavía no ha respondido a los requerimientos del Tribunal de Cuentas.
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