La Fiscalía europea investiga un posible fraude de fondos comunitarios en el mantenimiento del AVE Madrid-Sevilla
La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación por presunto fraude en la adjudicación y gestión de contratos vinculados al mantenimiento de la línea de alta velocidad Madrid‑Sevilla, tras el accidente ocurrido en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, que dejó 69 fallecidos y más de 100 heridos.
Según fuentes jurídicas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha presentado en las instalaciones del Instituto de Ferrocarriles (IF), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas para solicitar la documentación contractual que supuestamente fue financiada con fondos europeos.
Contexto de las investigaciones
Esta averiguación es la segunda que se abre sobre el uso de recursos comunitarios en la misma línea. La primera se activó después del siniestro de Amuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero, en el que colisionaron dos trenes tras el descarrilamiento de uno de ellos, provocando 46 víctimas mortales.
En ambas ocasiones la Fiscalía Europea ha precisado que su objetivo no es esclarecer las causas técnicas de los accidentes, sino investigar posibles irregularidades en la asignación y utilización de fondos de la Unión Europea. Entre los hechos que se están analizando se encuentran la desviación de recursos, el fraude en las subvenciones y la malversación de dinero destinado a la seguridad y modernización de la infraestructura ferroviaria.
El Tribunal de Cuentas ha confirmado que agentes de la UCO se encuentran en sus dependencias a solicitud de la Fiscalía Europea, con el fin de revisar la documentación pertinente.
Tras el accidente de Amuz, el exministro de Transportes Óscar Puente difundió un oficio judicial en el que la Fiscalía solicitaba “todos los contratos suscritos y los correspondientes números de expediente relacionados con el tramo de red ferroviaria donde tuvo lugar el siniestro”. Puente subrayó que la investigación se centra exclusivamente en la gestión de los fondos europeos y no en la causa del accidente.
La Fiscalía Europea, órgano independiente de la Unión Europea, tiene la competencia de investigar, perseguir y juzgar los delitos que afecten los intereses financieros comunitarios. En este caso, la investigación se divide en dos líneas: la primera, iniciada tras Amuz, se centra en posibles irregularidades en los fondos destinados a la seguridad y modernización tecnológica; la segunda, abierta después de Urda, se enfoca en el presunto uso fraudulento de recursos destinados al mantenimiento y renovación de la infraestructura de la línea AVE Madrid‑Sevilla.
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