García Ortiz recurre las costas de 39.000 euros fijadas por el Supremo y el novio de Ayuso reclama su pago
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la tasación de costas procesales que se le ha impuesto por un importe de 39 009,48 euros, consecuencia de su condena por la revelación de secretos de Alberto González Amor, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Detalles del recurso y posiciones de las partes
El recurso, interpuesto por la Abogacía del Estado, que ejerció la defensa de García Ortiz en el proceso que concluyó el año pasado, solicita la revocación parcial de la resolución que estableció dichas costas. Según la Abogacía del Estado, la inclusión de determinadas actuaciones procesales en la tasación es improcedente, por carecer de relación causal con el delito, haber sido promovidas por terceros o referirse a hechos relativos a personas finalmente sobreseídas.
Por su parte, Alberto González Amor ha presentado la oposición al recurso, pidiendo la confirmación íntegra de la resolución y la condena en costas a García Ortiz. La representación legal de González Amor defiende la cuantificación de sus honorarios, alegando que la metodología empleada garantiza objetividad, transparencia y proporcionalidad al esfuerzo, tiempo y resultados obtenidos.
El Tribunal Supremo había reducido previamente la cuantía de las costas de 79 942,70 euros a 39 009,48 euros, tras aceptar de forma parcial la impugnación presentada por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que también consideraban excesivas e indebidas las cantidades reclamadas.
En la sentencia definitiva, García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo, al pago de 17 200 euros en concepto de indemnización y multa –importe abonado por la Unión Progresista de Fiscales mediante una colecta–, y a sufragar los gastos procesales de González Amor.
El recurso presentado por García Ortiz se enmarca en la continuación de la impugnación de la tasación por parte tanto del ex fiscal como de la Fiscalía, que consideraron que los honorarios solicitados superaban los límites razonables. El Tribunal Supremo ha remitido el expediente al Consejo General de la Abogacía Española para que emita un informe o designe a otro colegio profesional que colabore con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en la valoración de los costes.
Mira tambien:
Deja una respuesta