Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont: "A Sánchez no le interesa que el expresident vuelva a España"
El abogado chileno Gonzalo Boye (nacido en 1965), que mantiene una oficina discreta en Madrid –identificada únicamente por una pequeña pegatina blanca que indica “despacho”– y otra en Barcelona, lleva una década dedicada a la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont. En el Día de Cataluña, Boye realizó un balance de su labor y de los avances legales que, según él, podrían permitir el regreso inmediato del líder independentista a España.
Expectativas sobre la amnistía y el regreso de Puigdemont
Para 2027 se cumplirán diez años del referéndum del 1‑O y de la huida de Puigdemont a Bélgica. Boye confía en que el Tribunal Constitucional siga la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en julio, y que el Supremo aplique la ley de amnistía también al delito de malversación. “Si eso ocurre, Puigdemont podrá regresar a Cataluña como un hombre libre y daré por finalizado mi trabajo”, declaró al diario El Independiente.
El abogado recordó los años de intensa presión, ataques y sacrificios personales, pero también los describió como “tremendamente enriquecedores” desde el punto de vista profesional. “Hemos tenido entre manos un pleito único que cualquier abogado que ame esta profesión habría deseado”, añadió.
Boye subrayó que el Tribunal Constitucional ya ha dictado tres sentencias sobre la ley de amnistía y que, a su juicio, la interpretación que deben adoptar es la que permite su aplicación a todas las personas comprendidas en el ámbito de la norma. “Me extrañaría que el Constitucional no sea tan contundente como lo ha sido el TJUE”, afirmó.
Según el abogado, la combinación de la sentencia del TJUE y las resoluciones del Constitucional “llevará al Tribunal Supremo a aplicar la amnistía”. Lo compara con el caso de la “doctrina Parot”, donde el Supremo, tras la intervención de instancias superiores, modificó su postura y liberó a decenas de presos, incluso a algunos con condenas largas por delitos graves.
En su visión, la falta de voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para permitir el regreso de Puigdemont se debe a una promesa electoral de “llevar a Puigdemont a prisión”. Boye considera que esa postura ya no tiene sentido y que resolver el asunto es necesario para “normalizar una parte de la política española”.
El abogado también señaló que el juez Pablo Llarena, instructor del proceso del 1‑O y responsable de una orden de detención nacional contra Puigdemont, no debería tardar mucho en aplicar la amnistía una vez publicada la sentencia del Constitucional.
En cuanto a los plazos, Boye indicó que el 22 de septiembre habrá un Pleno del Tribunal Constitucional que podría ratificar o retirar la ponencia del primer ponente. Posteriormente, el tribunal redactará y publicará la sentencia, proceso que, según él, no debería ser complejo. La fecha exacta de aplicación dependerá de la emisión de la resolución judicial que aplique la amnistía y elimine las órdenes de detención.
Además, Boye criticó la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta, calificándola de “pollo sin cabeza”. Recalcó que el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande‑Marlaska, ha mostrado incoherencias en sus comunicados. También desmintió una información errónea que circuló en medios, la cual afirmaba que el Tribunal de Cuentas había aplicado la amnistía a Puigdemont; según él, el tribunal solo ha concedido cinco días para que las partes presenten sus escritos y, de cumplir el plazo de dos meses establecido por el TJUE, la amnistía deberá ser aplicada antes del 16 de septiembre.
Finalmente, Boye manifestó que tanto él como el Tribunal Supremo están “contentos de ir cerrando el capítulo”. “Cuando el presidente pueda volver como un hombre libre a Cataluña, doy por finalizado mi trabajo”, concluyó.
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