Hazte Oír se querella contra mandos marroquíes y el delegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes
La asociación civil Hazte Oír ha presentado una querella contra varios agentes y autoridades, entre ellos agentes de inteligencia marroquíes, mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos, y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, tras la masiva incursión de decenas de miles de personas a través del espigón del Tarajal los días jueves y viernes.
En la nota de prensa que ha difundido, Hazte Oír señala a Fou Ali El Himma, consejero del rey Mohamed VI de Marruecos, como presunto cerebro de la operación, según distintas informaciones.
Principales acusaciones de la querella
La asociación solicita que su denuncia se acumule a las diligencias ya abiertas por los hechos ocurridos en Ceuta y pide personarse como acusación popular para investigar si la entrada masiva de personas “respondió a una operación concertada”.
Según el documento, la querella persigue responsabilizar a cuatro niveles diferentes:
- Los agentes de inteligencia marroquíes identificados como infiltrados en Ceuta.
- Los mandos de la Gendarmería Real y de las Fuerzas Auxiliares de Marruecos.
- Los organizadores de la operación.
- Las autoridades españolas que habrían dictado, transmitido o ejecutado órdenes de no intervención.
Hazte Oír también exige esclarecer quién dio la orden de “dejarse ver, pero sin intervenir” y quién envió a los militares sin munición ni autorización para usar la fuerza. Además, solicita la comparecencia del subdelegado del Gobierno en Ceuta para que testifique.
La asociación ha aportado “documentación gráfica” que muestra un vehículo estacionado junto al Tarajal, en el que supuestamente se prestaba asistencia a ciudadanos marroquíes que cruzaban la frontera. Los ocupantes del vehículo habrían evitado ser grabados en todo momento. Hazte Oír pide identificar a esas personas y determinar si mantenían vínculos con los servicios del Reino de Marruecos.
En la denuncia se citan posibles delitos como atentados contra la paz o la independencia del Estado, favorecimiento de la inmigración ilegal, organización criminal, prevaricación, denegación de auxilio, homicidio y lesiones por imprudencia grave. Asimismo, se reclama la preservación urgente de la videovigilancia, las comunicaciones policiales y militares, las órdenes operativas y los contactos con Marruecos entre el 27 de julio y el 2 de agosto de 2026.
Por su parte, el partido Vox ha presentado también una denuncia contra Pérez Triano y contra las autoridades que resulten implicadas en la investigación. El partido ha pedido personarse como acusación popular ante la Audiencia Nacional y ha solicitado medidas cautelares urgentes para garantizar la seguridad ciudadana y el control de fronteras.
Vox acusa al delegado del Gobierno, como máximo responsable en la zona, de omisión de presuntos delitos contra la vida, la integridad física, la prevaricación, la denegación de auxilio y el orden público. Según la formación liderada por Santiago Abascal, la crisis no fue imprevisible; estuvo precedida por alertas y denuncias públicas sobre el incremento de la presión migratoria y la falta de recursos humanos y materiales para proteger la frontera de Ceuta.
El objetivo, según Vox, es que un juez determine si las autoridades competentes cumplieron con los deberes legales, qué información disponían antes de los hechos, qué decisiones adoptaron y si existieron omisiones relevantes que agravaran la crisis.
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