Junts aprovecha la crisis de Ceuta y vuelve a registrar en el Congreso el traspaso de competencias de inmigración a Cataluña
Junts ha vuelto a presentar en el Congreso una proposición de ley que pretende transferir a la Generalitat las competencias en materia de inmigración, con el objetivo de que sea la propia comunidad autónoma la encargada de gestionar los flujos migratorios, los procedimientos de acogida y el control de fronteras. La iniciativa se produce apenas 24 horas después de que el Gobierno central anunciara que no aceptará la participación de Cataluña en un posible proceso de derivación de la situación de Ceuta.
Contexto político y antecedentes
En marzo de 2025 el PSOE y Junts habían acordado un pacto para realizar ese traspaso de competencias, pero la propuesta fracasó en el Congreso tras la oposición de Podemos. Desde entonces, la posición combativa de los dirigentes de Junts, liderados por Carles Puigdemont, ha dificultado que los socialistas prioricen el tema, manteniéndolo estancado frente a la insistencia de los posconvergentes.
En la nueva propuesta, Junts introduce cambios en el preámbulo para eliminar la referencia a la inmigración como “riesgo para la cohesión social”, una fórmula que había sido señalada por los partidos de la izquierda, en especial Sumar y el PSOE, como discriminatoria. La portavoz del grupo parlamentario de Junts, Miriam Nogueras, declaró que “el asunto no es de izquierdas o derechas, es de centralidad” y subrayó la necesidad de que Cataluña pueda tomar decisiones autónomas en materia migratoria.
La iniciativa surge en medio de la crisis migratoria en Ceuta, donde la llegada masiva de personas ha generado tensiones entre los distintos ministerios del Gobierno central. Nogueras, en rueda de prensa, criticó la “descoordinación absoluta” entre los ministros Fernando Grande‑Marlaska y Margarita Robles y calificó la gestión del Gobierno de “irresponsable e incapaz”, señalando también al PSC por su falta de acción en la región.
De concretarse, la ley dotaría a los Mossos d'Esquadra de competencias para el control fronterizo junto a la Guardia Civil y la Policía Nacional en puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación, y permitiría a la Generalitat decidir quién puede o no entrar en Cataluña y bajo qué condiciones.
El plazo para avanzar en la tramitación es limitado, ya que se prevé la celebración de elecciones generales en el primer trimestre de 2027, lo que dejaría apenas hasta diciembre de 2026 para cualquier cambio legislativo. Junts ha manifestado que, ante la falta de apoyo del Ejecutivo central, está dispuesta a presionar para que la propuesta se debate y se vote antes de que finalice la legislatura.
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