La Audiencia Nacional condena a Villarejo a 3 años y medio de prisión por divulgar el contenido del móvil de la asesora de Pablo Iglesias
La Audiencia Nacional ha condenado al excomisario de Policía José Manuel Villarejo a tres años y seis meses de prisión por un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido en el ejercicio de sus funciones como funcionario público. La condena se fundamenta en el acceso no autorizado y la posterior distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de memoria de un móvil sustraído en noviembre de 2015 a la asesora del exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, Dina Bousselham.
Detalles de la sentencia
Según la resolución a la que ha tenido acceso El Independiente, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal impusieron a Villarejo el pago de una indemnización a Bousselham de 5 000 euros y a Iglesias de 1 000 euros. La responsabilidad civil subsidiaria corresponde a la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía. La Audiencia aplicó la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza separada en 2017 y el inicio del enjuiciamiento, lo que redujo la pena respecto a los cinco años solicitados por la Fiscalía.
En el marco de la macrocausa “Tandem”, inicialmente también fueron procesados el exdirector de Interviú, Alberto Pozas, y el exsubdirector Luis Rendueles, aunque ambos fueron finalmente exonéricos tras la retirada de los cargos por parte de la acusación particular y la Fiscalía. La sentencia está firmada por los magistrados Teresa Palacios —actual presidenta del tribunal que juzga la operación “Kitchen”, en la que Villarejo también comparece—, Javier Ballesteros y Francisca Ramis.
El tribunal reconstruyó el itinerario de la tarjeta telefónica desde su robo el 1 de noviembre de 2015 en un Ikea de Alcorcón, hasta su aparición meses después en la redacción de Interviú dentro de un sobre anónimo. Los responsables de la publicación accedieron al contenido, pero decidieron no difundirlo. Posteriormente, una copia de los archivos llegó a manos de Villarejo mediante un encuentro con periodistas, quienes le entregaron un pendrive con la información extraída del dispositivo.
La tarjeta de memoria contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, archivos de vídeo y audio, así como material íntimo y personal de Bousselham, incluidas fotografías de carácter privado. El tribunal destacó que Villarejo examinó esa información pese a no contar con ninguna investigación oficial relacionada con Podemos o sus dirigentes, y sin notificar a sus superiores policiales.
Con la tarjeta en su poder, Villarejo descargó los archivos a una memoria externa y, los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, creó dos carpetas tituladas “Dina 2” y “Dina 3”. Posteriormente entregó dichos archivos a periodistas de su círculo de confianza, con el objetivo de que elaboraran y publicaran informaciones destinadas a desacreditar a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, en aquel momento.
El tribunal señaló que Villarejo “no tenía encomendada ninguna función policial relacionada con Podemos ni con ninguno de sus integrantes, no emitiendo por dicha circunstancia nota informativa alguna a la Dirección de Asuntos Operativos (DAO) sobre su actuación y la información recibida”. Asimismo, la Audiencia concluyó que utilizó sus funciones de inteligencia policial, manejo de fuentes y captación de información para acceder, sin mediar investigación policial o judicial alguna, a datos facilitados por periodistas sin la autorización del titular, y los suministró a otros profesionales de la prensa que los publicaron.
Finalmente, la Sala consideró que tanto Bousselham como Iglesias deben ser indemnizados, al quedar “obvio” que los actos de Villarejo produjeron un daño moral por la humillación, desprotección y vulneración de los datos personales más íntimos, constituyendo una consecuencia directa del delito cometido.
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