La causa sobre los pagos del PSOE se alarga por el volumen de documentación y efectivo
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, encabeza una investigación que promete extenderse por mucho tiempo sobre los pagos en efectivo que habría recibido el PSOE entre 2017 y 2024. Las fuentes jurídicas citadas por El Independiente precisan que el caso obliga a analizar un elevado volumen de documentación y numerosos movimientos de dinero, lo que dificulta la labor de cruce y verificación de la información.
Investigación en curso y alcance
El expediente llegó a manos del magistrado Moreno a principios de octubre, cuando le fue remitida la documentación relativa a los pagos en metálico realizados por el partido socialista en los últimos siete años. Desde entonces, el proceso se mantiene bajo secreto judicial. El punto de partida es una posible discrepancia entre las cantidades que el PSOE habría entregado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, y los gastos que ambos justificaron.
El origen de la investigación se sitúa en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, tras ser enviado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, señaló indicios que excedían el objeto de la causa que se seguía en el Alto Tribunal. Ante ello, Moreno decidió abrir una pieza separada en la Audiencia Nacional.
Desde ese momento, el instructor ha recopilado documentación para determinar el origen y el destino de los fondos. Según informó El Mundo, fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que Moreno requirió al PSOE la relación de donaciones recibidas entre 2017 y 2024 y solicitó al Tribunal de Cuentas la información sobre las aportaciones fiscalizadas por ese organismo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó en una entrevista que el juez le había pedido esa información.
El caso ha permanecido en reserva durante casi un año. Entre los elementos clave se encuentran las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, quien relató al juez Moreno una supuesta operativa mediante la cual cantidades procedentes de empresarios habrían ingresado a las cuentas del PSOE bajo la apariencia de donaciones. De Aldama había declarado ante el Tribunal Supremo que, entre 2019 y 2020, entregó cerca de 1,8 millones de euros a través de ese mecanismo.
El comisionista compareció discretamente ante la Audiencia Nacional el 8 de julio, tras haber entregado en marzo un sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA con información sobre una presunta financiación irregular del partido y de la Internacional Socialista. Ese sobre, según su propio testimonio, le fue entregado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y había sido previamente comunicado al juez Santiago Pedraz, quien instruye la causa sobre el presunto fraude del IVA en el sector de hidrocarburos.
Las pesquisas también llevaron al Supremo a citar como testigo al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, quien negó que en la sede de Ferraz se manejasen pagos irregulares ni billetes de 500 euros, en contraste con las afirmaciones de Koldo García durante el juicio de las mascarillas. A pesar de ese testimonio, el magistrado consideró que el origen de los fondos no quedaba suficientemente aclarado y remitió los indicios fuera del objeto de su investigación a la Audiencia Nacional.
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