La crítica realidad de las cárceles españolas: "Cada 18 o 20 horas un trabajador de prisiones es agredido"
Jorge Vilas, responsable de Instituciones Penitenciarias de CSIF, describió en una entrevista para La Brújula el sistema penitenciario español como un “entorno tensionado al límite”. Según su valoración, la combinación de falta de personal, hacinamiento, agresiones recurrentes y una normativa desfasada ha generado una crisis estructural en las cárceles.
Una realidad que permanece invisible
Vilas lamentó que la cuestión penitenciaria solo aparezca en la agenda mediática cuando se producen incidentes graves. En su opinión, la sociedad tiende a olvidar que los internos siguen en prisión y que los trabajadores deben desempeñar su labor en un contexto de constante presión y riesgo.
Falta de personal y hacinamiento
El dirigente sindical señaló que, en los últimos dos años, el número de internos en España ha aumentado en 6.200 personas, sin contar el impacto previsto de la Ley de Reincidencia aprobada en abril. Este crecimiento, explicó, ha intensificado la tensión interna y ha agravado una situación ya delicada por la escasez de efectivos.
La falta de personal no afecta únicamente a la vigilancia, sino también a los servicios médicos, a los programas de tratamiento y a otras áreas esenciales. Vilas denunció que existen módulos cerrados que podrían reactivarse si se reforzaran las plantillas, lo que demuestra que el problema no es solo de espacio, sino también de recursos humanos.
Un marco legal anticuado
Vilas defendió que la normativa penitenciaria está desfasada respecto a la realidad actual. La base legal sigue apoyándose en una Ley Orgánica de finales de los años 70 y en un reglamento de principios de los años 80, instrumentos que, según él, ya no responden a la tipología de internos ni a los retos contemporáneos.
Entre los nuevos perfiles que complican la convivencia en prisión, mencionó internos con trastornos psiquiátricos, bandas organizadas y personas vinculadas a la violencia de género. En este contexto, solicitó la apertura de más centros penitenciarios especializados en salud mental, especialmente en el norte del país, al considerar que muchas enfermerías funcionan como “espacios psiquiátricos encubiertos”.
Reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad
Vilas valoró positivamente la reforma que reconoce a los funcionarios penitenciarios como agentes de la autoridad, calificándola de paso adelante y de reconocimiento profesional. No obstante, advirtió que este avance, por sí solo, resulta insuficiente para resolver los problemas estructurales del sistema.
Además, denunció que, en casos de agresiones o daños materiales sufridos por los trabajadores, la administración no siempre cubre las consecuencias económicas. Citó como ejemplo la rotura de gafas o relojes durante incidentes con internos que luego se declaran insolventes, dejando al empleado sin resarcimiento.
Llamamiento político
Vilas instó al Ministerio del Interior y a todo el arco parlamentario a aprovechar el consenso alcanzado para impulsar una nueva Ley Orgánica General Penitenciaria. Según él, el debate sobre prisiones no debe convertirse en una cuestión partidista, sino en una política de Estado.
Recalcó que la función penitenciaria constituye un servicio esencial para la sociedad, ya que los funcionarios gestionan a personas cuya privación de libertad ha sido determinada por un juez. Por ello, reclamó una modernización profunda de la institución, que beneficiaría tanto a los trabajadores como al conjunto de la ciudadanía.
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