La hermana de la secretaria de Zapatero, a juicio por presunta prevaricación urbanística
La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar —hermana de Gertrudis, secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero—, comparecerá el próximo miércoles ante la Audiencia Provincial de Madrid, donde será juzgada por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística y ambiental. La acusación se basa en la supuesta permisividad durante años de la celebración irregular de bodas y fiestas en el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio, pese a las reiteradas denuncias de los vecinos.
Según la Fiscalía, Alcázar, junto al técnico de Urbanismo del Ayuntamiento, Fernando Rodríguez, y dos concejales del equipo de Gobierno, omitieron deliberadamente sus obligaciones en materia de disciplina urbanística y protección ambiental frente a las actividades del citado establecimiento, situado en la calle María Zambrano.
Hechos y acusaciones
El escrito de acusación, al que tuvo acceso El Independiente, indica que el restaurante contaba con licencia para actividad gastronómica, pero carecía de autorización para utilizar sus zonas exteriores, donde se celebraban bodas, bautizos, comuniones y fiestas privadas con música de alta potencia, pirotecnia y eventos que se prolongaban hasta las cinco o seis de la madrugada.
La causa pone de relieve la presunta inactividad del Ayuntamiento frente a más de una decena de denuncias registradas entre 2019 y 2025, además de múltiples intervenciones de la Policía Local por ruidos y molestias. La Fiscalía sostiene que el consistorio sólo abrió cuatro expedientes sancionadores, ninguno de los cuales llegó a resolverse.
El Ministerio Público argumenta que los acusados desoyeron de forma reiterada las reclamaciones vecinales y no adoptaron medidas cautelares para frenar la actividad ni restablecer la legalidad urbanística, a pesar de ser los responsables directos de inspección y disciplina en el municipio.
Los principales perjudicados son varias familias que residen junto al restaurante y que, según la Fiscalía, sufrieron “graves molestias” durante años, sobre todo en primavera y verano, cuando aumentaba el número de celebraciones y se veían obligadas a mantener abiertas las ventanas de sus viviendas.
La acusación también subraya que el local incumplía habitualmente el horario de cierre previsto para este tipo de establecimientos en la Comunidad de Madrid. Aunque la normativa establecía el cierre entre las 2 y las 2:30 de la madrugada, los eventos se extendían hasta el amanecer, circunstancia que los responsables municipales conocían a través de denuncias y actas policiales.
En base a estos hechos, la Fiscalía solicita para la alcaldesa y los demás acusados tres años de prisión, veinte meses de multa y la inhabilitación especial durante doce años para ejercer cargos públicos vinculados a urbanismo y medio ambiente. Además, se reclama una indemnización conjunta de 4 000 euros a tres vecinos afectados por los perjuicios sufridos.
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