La industria de defensa española tiembla con las amenazas de Trump
En la reciente cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar a España por lo que describió como “insuficientes” esfuerzos militares dentro de la Alianza Atlántica, aunque más tarde suavizó su posición. El gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el único Estado miembro que ha anunciado públicamente su negativa a elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB, objetivo que la OTAN ha fijado para todos sus 32 países.

Reacción de Trump y del mercado financiero
En una entrevista, Trump amenazó con cortar toda relación comercial con España, afirmando: “No queremos tener ningún tipo de negocio con España nunca más. España es un socio terrible de la OTAN”. Tras la declaración, el IBEX 35 registró una leve caída, aunque analistas de defensa y economía consideran que el impacto real de esas palabras es limitado.
Antonio Fonfría, doctor en Economía Aplicada por la Universidad Complutense de Madrid y experto en asuntos militares, explicó a El Independiente que la advertencia de Trump constituye más bien un llamado de atención para que otros países de la alianza reconsideren sus compromisos de gasto. Juan José Rodríguez, responsable de desarrollo de negocio en el sector, añadió que “España es útil para Trump porque necesita demostrar que el desmarque de la OTAN tiene un coste”, lo que indica que el mensaje está dirigido a los 31 demás miembros.
Estados Unidos mantiene un superávit comercial con España de aproximadamente 5.250 millones de dólares, lo que reduce la probabilidad de un bloqueo total de relaciones económicas. No obstante, un eventual endurecimiento de la política estadounidense podría afectar a la industria de defensa española, según advierte Fonfría.
Empresas como Lockheed Martin, principal contratista de defensa mundial, están involucradas en proyectos conjuntos con España. Un bloqueo total perjudicaría a la propia industria norteamericana, ya que “la misma industria estadounidense no vería con buenos ojos una interrupción de sus ventas a España”, subraya el experto. El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) indica que Estados Unidos representa el 43 % de las exportaciones de armas a nivel global.
Los datos del mismo think‑tank revelan que, en 2025, el 49 % de las importaciones militares españolas provendrían de Estados Unidos. Por ello, un corte de suministro tecnológico tendría consecuencias significativas en sistemas críticos como los subsistemas de aviónica, los lanzadores de misiles terrestres y marítimos, o los sistemas de defensa aérea Patriot.
El sistema Aegis, presente en las fragatas españolas de la clase F‑100, es un ejemplo de la alta dependencia tecnológica. Este sistema multimisión permite detectar y seguir más de 90 objetivos móviles simultáneamente, y solo seis ejércitos fuera de EE. UU. lo poseen en más de 120 buques.
Según Fonfría, la presión más probable no se materializaría en un veto absoluto, sino en retrasos y trabas burocráticas: demoras en autorizaciones de exportación, aplazamiento de entregas o endurecimiento de condiciones en programas conjuntos. Este tipo de “zona gris” comercial suele pasar desapercibida en los titulares.
En el ámbito empresarial, compañías españolas como Navantia, Indra y otras del sector defensa podrían sufrir un impacto considerable si se aplicaran restricciones. Sin embargo, Santa Bárbara Sistemas, empresa española perteneciente al grupo europeo General Dynamics European Land Systems (GDELS) y, a su vez, a la matriz estadounidense General Dynamics, se presenta como menos vulnerable.
Santa Bárbara es considerada “ITAR free”, es decir, su tecnología no está sujeta a las regulaciones internacionales de tráfico de armas de EE. UU. En caso de un bloqueo, la empresa podría seguir exportando sus productos sin depender directamente de la autorización estadounidense. Un ejemplo sería la plataforma ASCOD, diseñada por Santa Bárbara, que tendría que ser adquirida por EE. UU. a través de Europa y España.
Algunas fuentes del sector señalan que el gobierno de Trump podría intentar obstaculizar la negociación entre Santa Bárbara e Indra para la creación de una joint venture destinada a la construcción de obuses autopropulsados, cuyo valor ronda los 7.200 millones de euros, bajo la forma de la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E.
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