La planta tercera de Transportes, "inaccesible" para todos, menos para Aldama: "Nadie le decía nada"
En la tercera planta del Ministerio de Transportes, donde se ubica el despacho del titular de la cartera, se mantiene una zona de acceso restringido, conocida como “zona noble”. El hall de entrada está vigilado por la seguridad privada del ministro y por un guardia de la Guardia Civil, lo que hace que el área sea inaccesible para el público en general.
Sin embargo, el empresario Víctor de Aldama pudo entrar en dicho espacio de forma habitual, según declaró ante el Tribunal Supremo la expresidenta de Ferrocarrils de la Generalitat (IF), Isabel Pardo de Vera, durante la sexta jornada del juicio del llamado “caso mascarillas”.
Testimonios que señalan un acceso irregular
Pardo de Vera relató que, en varias ocasiones, se encontró a Aldama dentro del despacho del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, junto al asesor Koldo García. “Muchas veces los veía a Aldama, Koldo y Ábalos reunidos en ese despacho”, señaló la testigo. La exdirectiva explicó que, al percibir la presencia de una persona ajena al Ministerio en una zona supuestamente inaccesible, manifestó su inquietud directamente al ministro, quien admitió que la situación no era normal y tomó nota de la observación.
El subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, responsable del área de Nuevos Ministerios en aquella época, corroboró el relato de Pardo de Vera. En su declaración ante el tribunal afirmó que Aldama “tenía acceso permanente al edificio, entrando sin que nadie le impidiera, tanto por la mañana como por la tarde”. Añadió que el empresario también utilizaba el aparcamiento reservado para los funcionarios, pese a no formar parte de la estructura del Ministerio.
Según Rodríguez, acceder a la tercera planta requería superar dos filtros de seguridad gestionados por la vigilancia privada del ministro y el guardia civil del hall. No obstante, el empresario lograba sortear esos controles sin necesidad de autorización, manteniendo su presencia en la zona “noble” durante toda la gestión de Ábalos y cesando únicamente cuando el ministro dejó el cargo.
El juicio, que ahora se encuentra en su segunda semana, ha trasladado el foco a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. Los dos primeros contratos bajo sospecha –el de Puertos del Este, por 24,2 millones de euros, y el de IF, por 12,5 millones– se firmaron en marzo de 2020 con apenas una semana de diferencia y bajo órdenes del Ministerio de Transportes.
La causa investiga si dichas adjudicaciones formaban parte de una presunta trama de corrupción que involucraría a Ábalos, Aldama y el exasesor Koldo García, orientada a obtener beneficios personales a través de “cobros indebidos”.
En su testimonio, Pardo de Vera defendió la decisión de su entidad de contratar a Soluciones de Gestión, argumentando que se trató de una medida “encomendada” por el Ministerio en el contexto de urgencia sanitaria. “Mi equipo tomó la decisión correcta; no sé qué habría ocurrido si se hubiera optado por otra empresa”, afirmó, describiendo la actuación de IF como “impecable”.
Asimismo, la expresidenta abordó el presunto “enchufe” de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, en la empresa Ineco. Declaró que la mujer envió su currículum pero que ella no intervino en su contratación y que, al conocer la relación entre Ábalos y Rodríguez, le comunicó al ministro que no permitiría la continuidad de la empleada por un claro conflicto de intereses.
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