La solidaridad no se expropia
El Gobierno venezolano ha anunciado su intención de centralizar toda la ayuda humanitaria que proviene de organizaciones privadas. Esta medida, según los críticos, no implica una mejora en la distribución de la asistencia, sino la expropiación del trabajo social de miles de personas que, dentro y fuera del país, han dedicado años a crear redes de confianza para ayudar directamente a los más necesitados.
Las donaciones siempre han tenido un destinatario moral. Quienes entregan alimentos, medicinas o recursos económicos a una entidad benéfica lo hacen porque confían en su transparencia, capacidad y autonomía. Esa confianza no puede ser vulnerada por un decreto que obligue a que toda la ayuda pase por manos estatales.
Impacto de la centralización de la ayuda
La solidaridad se origina en la libertad. Cuando el Estado impone que la asistencia fluya exclusivamente a través de sus estructuras, desaparece una sociedad civil autónoma y surge un monopolio político sobre la compasión. El mensaje es inequívoco: no importa quién recaude, quién trabaje o quién se sacrifique; al final será el poder quien decida qué llega, cuándo llega y a quién llega. Esa práctica no fortalece la ayuda humanitaria, la politiza.
La experiencia muestra que las organizaciones independientes suelen llegar a los lugares donde la burocracia no llega, donde el clientelismo se niega o donde el poder simplemente no tiene interés. Su independencia garantiza que la ayuda responda a las necesidades reales de las personas y no a los intereses del gobierno de turno.
Por ello, resulta alarmante cualquier intento de convertir las donaciones privadas en patrimonio administrativo del Estado.
Esta reflexión también se extiende a la política exterior de Estados Unidos. La administración de Donald Trump se ha presentado como defensora de la libertad y la democracia frente al autoritarismo venezolano. Sin embargo, esa defensa pierde credibilidad cuando las decisiones estratégicas priorizan intereses geopolíticos o económicos sobre el fortalecimiento real de una sociedad civil libre e independiente. La libertad no consiste únicamente en cambiar gobiernos; consiste en proteger a las personas y a las instituciones que actúan sin depender del poder político.
La solidaridad es un acto libre. Cuando un gobierno pretende apropiarse de ella, deja de ministrar ayuda humanitaria para comenzar a ministrar obediencia.
Los venezolanos no necesitan un Estado que monopolice la solidaridad ni potencias extranjeras que utilicen la ayuda como herramienta política. Lo que se requiere son instituciones libres, organizaciones independientes y ciudadanos capaces de decidir por sí mismos cómo ayudar a sus comunidades.
Defender la libertad también implica defender el derecho de cada persona, empresa, fundación o asociación a elegir el destino de sus donaciones. No debería ser obligatorio entregar el fruto de la generosidad a un gobierno en el que no se confía.
Manuel Rodríguez, coordinador de la Plataforma Ayuda Venezuela, subraya que las donaciones pertenecen moralmente a quienes las entregan y a quienes las reciben, no al poder político. La solidaridad, como acto libre, no necesita la tutela del Estado; necesita libertad, transparencia y respeto por la voluntad de quienes ayudan y de quienes esperan esa ayuda.
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