El Gobierno aprovecha para vender sus medidas por las bajas por enfermedad frente a la "barbaridad" de plan de Feijóo
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha generado una fuerte polémica tras calificar el absentismo laboral como un “cáncer” que “costaría más de 30.000 millones de euros” y que, según sus palabras, contribuye al déficit de la Seguridad Social, estimado en 70.000 millones. En una intervención ante el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, el líder del PP sostuvo que el número de personas que no acuden a su puesto de trabajo ha pasado de 450.000 en 2018 a 1,160.000 en 2025, situando al País Vasco como la comunidad con mayor índice de absentismo.
Feijóo afirmó que “no podemos permitir que casi 1,2 millones de personas dejen de trabajar cada día” y propuso que, con o sin acuerdo, se convoquen a patronales y sindicatos para buscar una solución. El dirigente del PP también insinuó que “todo aquello que supere un 4‑5 % de absentismo tiene un enorme porcentaje de fraude”.
Reacciones de los sindicatos y del Gobierno
Los principales sindicatos reaccionaron de forma inmediata. Unai Sordo (CCOO) describió las declaraciones de Feijóo como una “declaración de intenciones” y Pepe Álvarez (UGT) las calificó de “disparate”. El Gobierno, por su parte, lanzó una serie de respuestas a través de sus portavoces. Desde Ankara, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, describió como “absolutamente desafortunado” equiparar las bajas laborales con el cáncer, subrayando que “estar enfermo no es una elección”.
Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, denunció que el PP pretende “desproteger a los trabajadores cuando más vulnerables están”. Por su parte, el ministro de Trabajo, José Luis Escrivá, recordó que el Ejecutivo ha prohibido el despido por baja médica y ha fortalecido la protección social.
El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Elma Saiz, acusó a Feijóo de querer “cargar con la negociación colectiva y el diálogo social”, mientras que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, consideró “un error” atribuir el aumento del gasto en bajas al fraude, señalando que los datos no lo sustentan.
El titular de Economía, Nadia Calviño, explicó que el crecimiento de las bajas se debe a tres factores: un 40 % a la mejora del mercado laboral y mayores salarios, un 30 % a la mayor duración de las bajas, posiblemente por la saturación del sistema sanitario, y otro 30 % al aumento de la incidencia de enfermedades, destacando la salud mental.
En la esfera de los ministros, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y Portavoz del Gobierno, recordó que el Ejecutivo reconoció el derecho a la protección frente al despido por enfermedad y criticó la retórica del PP como “reaccionaria”. Otros portavoces, como Óscar López, ministro para la Transformación Digital, y Óscar Puente, ministro de Transportes, compararon a Feijóo con figuras como Santiago Abascal y Javier Milei, acusándolo de “asomar la pata” y de emplear una “motosierra” contra los derechos sociales.
En defensa de las medidas adoptadas por el Gobierno, el equipo de la vicepresidencia segunda recordó la derogación del despido por baja médica, la ampliación de permisos retributivos por enfermedad familiar, la extensión de los permisos parentales a 19 semanas, la implantación de la baja por menstruación incapacitante y la simplificación de los procesos de baja mediante la digitalización de los parte médicos.
Asimismo, el Gobierno destacó la reforma laboral, el aumento del salario mínimo a 1.221 euros, la puesta en marcha de permisos climáticos, la reforma del desempleo asistencial, la obligación de registros salariales y auditorías para combatir la brecha salarial, y la normativa de igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas. Otros proyectos pendientes incluyen el registro horario, la regulación del trabajo de becarios y artistas, los permisos por duelo y una nueva ley de prevención de riesgos laborales.
Los portavoces del Ejecutivo coincidieron en que la postura del PP representa un intento de recortar derechos y socavar los avances sociales logrados en la última década, describiendo la intervención de Feijóo como un “patinazo” que ha beneficiado al Gobierno al obligar a responder a la polémica.
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