Los indicios de pagos encubiertos que llevan a Pedraz a investigar los contratos del PSOE con abogados y consultoras
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha concedido al PSOE un plazo de 48 horas para entregar la documentación que la Fiscalía requirió el pasado 6 de octubre. Entre los papeles solicitados se encuentran los contratos con abogados y consultoras suscritos entre 2021 y 2025, en el marco de una investigación sobre presuntos pagos encubiertos a Leire Díez con el objetivo de obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales.
Detalles de los movimientos financieros investigados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado una serie de transacciones que coinciden en importe y fecha entre los pagos realizados por el PSOE a distintas consultoras y las posteriores transferencias que esas entidades habrían enviado a Leire Díez.
En concreto, la UCO documentó cuatro desembolsos de 4 000 euros del PSOE a una consultora vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Esos mismos importes fueron transferidos en fechas próximas por la consultora a Leire Díez, lo que suma un total de 16 000 euros que los investigadores consideran relevantes para determinar si la consultora actuó como intermediaria en los pagos del partido a la exmilitante.
Asimismo, se localizaron otros 27 225 euros procedentes de una sociedad del abogado Ismael Oliver, quien a su vez facturó al PSOE la misma cantidad por servicios de asesoramiento jurídico. En conjunto, los pagos objeto de la investigación ascienden a 43 225 euros. La coincidencia de importes y la proximidad temporal de las operaciones han llevado a la Guardia Civil a examinar si dichas sociedades fueron utilizadas para ocultar el verdadero destino del dinero.
Entre los asuntos que se investigan se incluye la supuesta búsqueda de información comprometedora sobre jueces y fiscales, como la magistrada Beatriz Biedma, quien investigó al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bajoz. La UCO también señaló en sus informes que dos notas de encargo profesional podrían haberse elaborado de forma instrumental para simular relaciones contractuales, vinculadas a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, ambos también bajo investigación.
Durante su comparecencia ante el juez, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró que fue Santos Cerdán quien ordenó la contratación de los abogados y consultoras investigados. No obstante, sostuvo que dichas contrataciones respondían a servicios reales de asesoramiento jurídico, una explicación que los investigadores están contrastando con las transferencias bancarias y la documentación disponible.
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