Los socios del Gobierno sugieren que Zapatero podría ser víctima de 'lawfare' por su imputación
El martes 20 de mayo el Ministerio Fiscal imputó al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La decisión judicial ha generado dudas y reacciones entre los socios de Sumar y otras fuerzas que forman parte del Ejecutivo de coalición.
Fue la portavoz parlamentaria del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Martínez Barbero, quien, minutos después de conocerse la imputación, preguntó a los medios sobre el caso. Martínez Barbero señaló que “sabemos cómo se han comportado últimamente algunas de las señorías y la judicatura en ciertos supuestos” y consideró “lógico” que existan dudas sobre la acusación. Aun así, insistió en que todo es prematuro, que debe respetarse la presunción de inocencia y que la investigación debe seguir su cauce. “No podemos adelantarnos; veremos lo que haya”, añadió, sin utilizar el término “lawfare”. Por el momento, el juez ha señalado a Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias.
Reacciones de los partidos de la coalición
Los socios de Sumar, aunque mantienen la unidad de gobierno, han expresado una postura de cautela. Martínez Barbero subrayó que “lo que tiene que hacer el Gobierno es gobernar” y que cualquier duda será aclarada con el avance de la causa. No se ha planteado la salida del Ejecutivo por parte de Sumar.
La representante de Compromís, Àgueda Micó, también compareció en el Congreso. Micó recordó que en el pasado las imputaciones recibían más relevancia mediática, pero hoy percibe “sensaciones diferentes” y sugiere una posible desproporción en la forma de investigar a perfiles de izquierda y derecha. “Podríamos estar ante una guerra judicial iniciada por el PP”, afirmó, y manifestó sorpresa ante la posible implicación de Zapatero en un caso de corrupción.
Desde Más Madrid, Tesh Sidi reiteró la necesidad de prudencia, pero advirtió que “se está poniendo de manifiesto que determinadas investigaciones judiciales siguen un carril, mientras que no ocurre lo mismo si eres del PP”. Citó ejemplos como la trama Kitchen y el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amor, para ilustrar su argumento. Sidi pidió esperar a que haya más información y recordó el “uso mediático” que se ha dado a este tipo de imputaciones.
Gerardo Pisarello, de Catalunya en Comú, también defendió la cautela y señaló que la investigación podría estar motivada por “sectores del poder judicial que ven a Zapatero como un enemigo a batir”. Criticó que la unidad de investigación sea la UDEF, describiéndola como “la policía patriótica que el PP utilizó durante años”, y cuestionó la actuación de la Audiencia Nacional en la identificación de los responsables.
En Podemos, la secretaria general Ione Belarra describió la imputación como parte de una “guerra sucia judicial” impulsada por la derecha. Belarra recordó casos anteriores como los de Mariano Rajoy, José María Aznar y Adolfo Suárez, y afirmó que “Zapatero es el primer presidente imputado”, lo que, según ella, refleja la historia de la justicia española. Asimismo, subrayó la necesidad de que el Gobierno aborde con urgencia la crisis de vivienda y la reforma de la justicia.
Irene Montero, número dos de Podemos, coincidió con Belarra al señalar que el PSOE enfrenta “una situación cada vez más difícil” por la combinación de la crisis económica, la presión judicial y la falta de medidas efectivas en vivienda. No obstante, Montero descartó la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas en el corto plazo.
En conjunto, las diferentes voces de la coalición coinciden en la necesidad de aguardar los resultados de la investigación, respetar la presunción de inocencia y evitar que el caso se convierta en un juego mediático que desgaste a las fuerzas progresistas.
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