Monólogo de Latorre: "Esta traición de Sánchez a sí mismo merece una explicación porque compromete la seguridad nacional"

Pedro Sánchez se enfrentará en la próxima sesión del Congreso a la pregunta de por qué ha descartado la posible participación de Marruecos en el asalto a la frontera de Ceuta. La polémica surge después de que la Policía Nacional remitiera a la juez María Tardón un informe que, según fuentes periodísticas, incluye pruebas que apuntarían a la presencia de gendarmes marroquíes entre los agresores.

El propio gobierno ha sostenido que la información disponible no permite atribuir de forma concluyente la acción a autoridades marroquíes. Desde el Ministerio del Interior, la portavoz ha manifestado que “no existe evidencia documental que demuestre una orden directa del Estado de Marruecos”. Sin embargo, el diario El Español publicó una exclusiva en la que se citaba el mencionado informe policial, y El Mundo reveló dos informes de inteligencia previos al asalto que advertían de una posible oleada masiva y de un colapso inmediato de la seguridad en la zona.

Reacción del Gobierno y de la oposición

Ante la difusión de estos documentos, el Gobierno ha sido acusado de intentar desviar la responsabilidad. Portavoces del Ejecutivo han señalado que el CENIF (Centro Nacional de Información y Fronteras) no entregó el informe a la ministra de Política Territorial, Carolina Marín, porque “la juez solicitó la información y la policía, como autoridad judicial, debe preservar la reserva sobre la investigación”. Por su parte, el presidente del Gobierno ha reiterado que “no se ha recibido ninguna orden oficial por parte de Marruecos que justifique una respuesta diplomática más enérgica”.

La oposición ha aprovechado la controversia para demandar una postura más firme. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha pedido al Gobierno que inicie consultas con el embajador de Marruecos y, en caso de no obtener respuesta, considere la retirada del propio embajador en Rabat. En otras voces, el portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha defendido la posición del Ejecutivo, alegando que la información disponible sigue siendo insuficiente para tomar medidas diplomáticas.

Las protestas ciudadanas se han multiplicado en toda España tras los hechos de Ceuta. Manifestaciones masivas se han congregado en ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao y Valladolid, donde miles de personas han expresado su solidaridad con los residentes de la ciudad autónoma y han exigido una respuesta clara del Gobierno. En Ceuta, los habitantes continúan realizando actos de protesta día a día, denunciando lo que describen como una “situación de abandono”.

Mientras tanto, la prensa ha señalado que la narrativa oficial del Gobierno, que en ocasiones ha sido percibida como una “autocrítica” dirigida a instituciones como el CNI y la Corona, ha generado dudas sobre la gestión de la seguridad nacional. Analistas políticos advierten que la falta de una posición firme podría debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y agravar la tensión en la frontera.