Pardo de Vera se desmarca en el Supremo de la elección de la empresa de Aldama
La expresidenta de IF, Isabel Pardo de Vera, ha declarado este miércoles como testigo en el juicio del llamado “caso mascarillas”. Ante los jueces del Tribunal Supremo, se ha desvinculado de la adjudicación de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, como proveedora del material sanitario solicitado por IF, y ha señalado que la decisión se originó como una “encargo” del Ministerio de Transportes en el contexto de urgencia sanitaria provocado por la pandemia.
Según su testimonio, recogido por el fiscal Alejandro Luzón, una orden ministerial del 26 de marzo de 2020 obligó a IF a adquirir cinco millones de mascarillas, estableciendo tanto la cantidad como el marco de actuación. Pardo de Vera indicó que desconoce el origen exacto de la orden, más allá de la firma del entonces ministro José Luis Ábalos. Añadió que, de forma verbal, supo con antelación que IF sería la entidad encargada de la contratación, en un momento en que resultaba extremadamente difícil conseguir suministros y organizar vuelos procedentes de China.
Testimonio y aclaraciones de Pardo de Vera
En su declaración, la exdirectiva señaló que el exasesor ministerial Koldo García fue la persona responsable de coordinar la logística aérea, mientras que a IF le correspondía garantizar la llegada del material a territorio español. Asimismo, precisó que la cantidad de mascarillas estaba ya fijada en la orden ministerial y que ella no intervino ni en esa decisión ni en la selección inicial del proveedor.
Pardo de Vera también explicó que nunca supo que Víctor de Aldama estaba relacionado con Soluciones de Gestión; lo descubrió cuando estalló el llamado “caso Koldo”. No obstante, admitió conocer personalmente al empresario, a quien llegó a ver en el despacho del ministro Ábalos, junto a Koldo García.
Al ser interrogada sobre esa circunstancia, la antigua alta cargo manifestó que le “sorprendió” ver a Aldama en el Ministerio, pues consideraba que violaba el “código ético e institucional”, al ser alguien que “nunca había visto”. Reveló que preguntó a Ábalos quién era esa persona que estaba en su “área reserva”; el ministro, extrañado, le contestó que se trataba de “un amigo de Koldo García”, a quien ella identificó como “el interlocutor del ministro”.
El testimonio de Pardo de Vera llega en una fase clave del proceso judicial que se desarrolla en el Tribunal Supremo por la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La causa se investiga paralelamente en la Audiencia Nacional, donde la exdirectiva compareció acompañada de su abogado, con la opción de acogerse al derecho a no declarar, medida que ya había condicionado otras sesiones del proceso.
En un informe reciente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que había implicado a Pardo de Vera en presuntos amaños de obra pública del Ministerio de Transportes, señaló la posibilidad de que también estuviera involucrada en irregularidades en la adquisición de material sanitario. Ambos supuestos están bajo investigación en la Audiencia Nacional.
Cuando el abogado de la acusación popular, liderada por el Partido Popular y representada por Alberto Durán, intentó preguntar a Pardo de Vera sobre el contenido del informe del Instituto Armo, la defensa de Ábalos protestó y el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, accedió a la petición. Pardo de Vera ha negado en todo momento cualquier implicación directa en la adjudicación de los contratos de mascarillas, sosteniendo que su papel se limitó a transmitir contactos facilitados por Koldo García.
El foco del juicio está en las adjudicaciones realizadas en marzo de 2020 por los organismos públicos Puertos del Estado y IF a la empresa Soluciones de Gestión, por importes de 24,2 millones y 12,5 millones de euros, respectivamente. La Fiscalía alega que la compañía fue introducida en dichos contratos por Víctor de Aldama, en el marco de una supuesta connivencia con el ministro Ábalos y su entorno.
En otro punto del proceso, Jessica Rodríguez, exnovia del exministro, declaró que envió su currículum sin exigir que fuera contratada y que llamó a Ábalos para manifestarle que no permitiría la continuidad de la relación, al considerar que existía un “conflicto de interés claro”.
Por su parte, el expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, afirmó que “ni Koldo ni él” influyeron en la compra de mascarillas. Explicó que tomó conocimiento de la oferta de Soluciones de Gestión al firmar la orden ministerial, ya que “el presidente lo que hace es aceptar la oferta al final, pero quien lleva a cabo las gestiones es el departamento de contratación”. Añadió que no volvió a ver a Koldo después de la adjudicación y que su intervención se limitó a firmar el contrato y a presionar para que el material llegara lo antes posible.
Toledo defendió el contrato argumentando que “las mascarillas fueron baratas”, citando informes del Tribunal de Cuentas que indicaban que los precios estaban “muy por debajo de la media”. Señaló que, en algunos casos mediáticos, se llegaron a pagar hasta 6 euros por unidad, mientras que el lote de ocho millones de mascarillas de Puertos del Estado se adquirió a 2,5 euros cada una. Además, indicó que Puertos del Estado recibió la totalidad del material y que Soluciones de Gestión repuso las unidades que llegaron defectuosas.
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