Por qué han podido desahuciar a Maricarmen tras 70 años viviendo en la misma casa: la clave está en una ley de 1994
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha vivido en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro durante setenta años, ha pasado a los titulares de primera plana. Desde la madrugada, cientos de personas se aglomeraron frente a su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda para impedir un lanzamiento que, tras tres intentos fallidos, se llevó a cabo en su cuarta ejecución.
Contexto legal y antecedentes del contrato
Maricarmen llegó al piso en 1956, cuando tenía 17 años, acompañada de su marido. El contrato de arrendamiento, de régimen de renta antigua, estaba a nombre de su cónyuge. Tras su fallecimiento, el contrato pasó a su madre, y cuando ésta murió en 2005, Maricarmen se subrogó en el alquiler, continuando el pago de la renta sin que se cuestionara su permanencia durante años.
El conflicto surgió cuando el edificio cambió de propietarios y la nueva sociedad propietaria alegó que el contrato de Maricarmen había quedado extinguido hace tiempo. La disputa judicial alcanzó al Tribunal Supremo, que finalmente dio la razón a la propietaria.
El punto clave del caso es la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, aprobada durante el gobierno de Felipe González. Esa normativa modificó el régimen aplicable a los antiguos contratos de renta antigua, introduciendo límites progresivos a la duración de dichos contratos y estableciendo condiciones para la subrogación del arrendamiento a familiares.
Según la LAU de 1994, la subrogación sólo tiene preferencia cuando el descendiente posee una discapacidad reconocida del 65 % o superior. Maricarmen tiene una discapacidad del 50 %, por lo que no cumple con el umbral exigido. La ley, sin embargo, contempla que quienes pierden el derecho a subrogarse tengan prioridad en determinados programas públicos de acceso a vivienda.
Los defensores de Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas argumentan que el contrato original estaba exclusivamente a nombre del marido y que las restricciones de la época impedían que la madre figurara como cotitular, lo que condicionó posteriormente el régimen de subrogaciones. La propietaria, por su parte, sostiene que la subrogación expiró y que los tribunales confirmaron su posición.
A lo largo de los años, la propietaria siguió recibiendo los pagos del alquiler, aunque el contrato había dejado de tener validez legal. Cuando el inmueble fue vendido, la nueva propietaria reclamó que el contrato había caducado. Tras una primera sentencia a favor de Maricarmen, las resoluciones posteriores favorecieron a la propietaria.
La nueva dueña ofreció a Maricarmen un contrato de alquiler con una cuota mucho más alta que los alrededor de 500 euros mensuales que venía pagando. Las cifras varían según las fuentes: una indica una propuesta de 1.650 euros, mientras que otra menciona una demanda inicial de 2.650 euros, que posteriormente se habría reducido. Con una pensión de aproximadamente 1.350 euros, Maricarmen no podía asumir esas cantidades.
Antes de que se ejecutara el desahucio, se barajaron distintas alternativas que finalmente no prosperaron. Una escritora, que prefirió permanecer anónima, ofreció cubrir la diferencia entre la renta actual de Maricarmen y la propuesta de la propietaria, así como asumir la deuda existente; la oferta fue rechazada. El Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, también intentó adquirir el inmueble, pero la sociedad propietaria declinó la propuesta.
Durante las negociaciones finales, la defensa de Maricarmen propuso suspender el lanzamiento por razones humanitarias, esperar la resolución de un escrito presentado ante el juzgado, aceptar que un particular asumiera el alquiler o conceder unos días para que las administraciones encontraran una alternativa habitacional. Según la abogada Beatriz Duro, la propietaria no aceptó ninguna de estas opciones.
El Ayuntamiento de Madrid asegura haber ofrecido a Maricarmen una solución habitacional de forma inmediata y haberle planteado distintas alternativas antes del lanzamiento, una versión que la propia afectada y el Sindicato de Inquilinas ponen en duda.
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