Por qué Trump quiere acabar con el Tribunal Penal Internacional
El senador Marco Rubio, en un artículo publicado en julio en The Wall Street Journal, expuso los motivos que, según él, justifican la destrucción del Tribunal Penal Internacional (TPI) con sede en La Haya. El senador sostuvo que la administración Trump considera que los jueces del TPI están excediendo sus competencias y que “no toleraremos este asalto a la soberanía”. Antes de iniciar agosto, Venezuela, siguiendo supuestas órdenes de Rubio, anunció su retirada del TPI; poco después, Chile tomó una medida similar.
Una campaña diplomática y sanciones contra la Corte
Estados Unidos nunca ha sido miembro del TPI. Aunque firmó el Estatuto de Roma en 1998, nunca lo ratificó, a diferencia de los 120 países que lo firmaron inicialmente y que, al entrar en vigor en julio de 2002, ascendieron a 125. Desde la administración actual, Washington ha puesto en marcha una campaña diplomática cuyo objetivo es “poner a los Estados soberanos por encima del globalismo” y, según Rubio, desmantelar la Corte “ladrillo a ladrillo si es necesario”. El primer objetivo, según el propio discurso del senador, son los países africanos, bajo la coordinación del responsable de África en la Casa Blanca, Frank García Jr.
Como parte de esta estrategia, el gobierno estadounidense ha impuesto una serie de sanciones que buscan aislar a los magistrados y a los aliados del TPI. Hasta la fecha, se han sancionado a once magistrados de la Corte, a tres organizaciones no gubernamentales palestinas y a la experta de la ONU para los territorios ocupados, Francesca Albanese. En julio, el ex fiscal jefe Karim Khan fue destituido tras acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de una asistente, lo que generó un intenso escrutinio interno.
El martes pasado, EE. UU. anunció sanciones contra la presidenta del TPI, la jurista japonesa Tomoko Akane, y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, quien actualmente sustituye al fiscal de la Corte. Las sanciones incluyen el congelamiento de cualquier activo que posean en territorio estadounidense y su exclusión del sistema financiero de EE. UU., del que dependen la mayoría de los bancos internacionales.
El comunicado del TPI calificó estas medidas como un “ataque al Estado de derecho”. La institución advirtió que “cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, se pone en riesgo el orden legal internacional” y aseguró que continuará con su labor pese a la presión.
Estados Unidos también ha exigido a la Corte que anule las órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, y que archive las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos en territorio palestino. Además, el gobierno estadounidense reclama una modificación del Estatuto de Roma que impida a los jueces del TPI procesar a ciudadanos de países que no hayan ratificado el tratado.
El TPI solo ejerce su competencia cuando un Estado miembro no puede o no quiere enjuiciar por sí mismo crímenes de extrema gravedad, o cuando los crímenes se cometen en territorio de un Estado miembro por parte de nacionales de un Estado no miembro.
El caso de la Corte ha generado reacciones en la comunidad internacional. En julio, el investigador Stewart Patrick, del Carnegie Endowment for International Peace, calificó la campaña estadounidense como “una intensificación de su guerra contra el multilateralismo”. Según Patrick, el objetivo real es “proteger a los líderes políticos y a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses de rendir cuentas por crímenes atroces cometidos en países que son parte de la Corte”.
En el contexto de este enfrentamiento, la historia reciente del TPI incluye hitos relevantes: en 2012, el tribunal condenó al exlíder rebelde congoleño Thomas Lubanga Dyilo por reclutar niños menores de 15 años para participar en hostilidades; en 2020, abrió una investigación sobre presuntos delitos cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán y en cárceles secretas de la CIA en Europa, que quedó suspendida; en 2023, emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por la deportación ilegal de niños ucranianos; y en noviembre de 2024, dictó órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant, lo que provocó una fuerte alarma en Washington.
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