Qué comunidades autónomas se alzan en contra del traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta

La oleada de llegadas masivas de migrantes a finales de julio ha provocado una grave crisis humanitaria en Ceuta, donde los servicios de acogida se encuentran al borde del colapso. Ante esta situación, el Gobierno central y el Ejecutivo ceutí, liderado por el alcalde Juan Jesús Vivas (PP), han elaborado un plan de emergencia para trasladar a la península a unas 500 menores no acompañadas, todas ellas niñas.

Vivas ha lanzado un pedido urgente de “socorro, auxilio, ayuda y solidaridad” al resto del país, proponiendo reformar la Ley de Extranjería para que la redistribución de menores sea vinculante. Sin embargo, la solicitud se ha encontrado con el rechazo de gran parte de las comunidades autónomas, que citan la saturación de sus propios sistemas de protección infantil.

Reacciones de las comunidades autónomas

El bloque de negativas está encabezado por un amplio conjunto de gobiernos regionales que alegan no disponer de plazas adicionales. Entre ellos se encuentran la Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Galicia y Castilla‑La Mancha, que han manifestado su incapacidad para absorber a estas menores.

Los representantes de estas comunidades subrayan que sus centros de acogida ya están colapsados y exigen al Gobierno central que establezca cifras concretas antes de solicitar cuotas de acogida.

En Cataluña, la postura es categórica. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que su comunidad “no debe cubrir la negligencia de España, que regulariza unilateralmente miles de inmigrantes y que, además, es incapaz de controlar sus fronteras”, criticando también la inacción de otras autonomías.

Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá, cuestionando el modelo de acogida al declarar: “Lo lógico es que vuelvan a sus casas. No me imagino a España abandonando a su suerte, a sus niños, a otros países”.

En Andalucía, aunque el presidente Juan ma Moreno aún no ha emitido una posición definitiva, sus socios de investidura han dejado clara su postura de bloqueo total. Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y miembro de Vox, aseguró que el gobierno regional se opondrá a la acogida “por tierra, por mar y por aire”, argumentando que “los problemas no se reparten, se resuelven” y que aceptar el traslado equivaldría a “avalar y promover la siguiente invasión”.

En contraste, el Gobierno de Navarra ha mostrado disposición a colaborar. La consejera de Derechos Sociales de la comunidad foral, Carmen Maeztu, confirmó su apoyo al mecanismo de reparto y reiteró su compromiso con “una respuesta coordinada entre todas las comunidades autónomas”.

Mientras tanto, el Ministerio de Juventud e Igualdad trabaja contra el reloj para buscar alternativas, como derivar la tutela de las menores a ONG especializadas que puedan asumir la acogida ante el rechazo de varias regiones, a la espera de la próxima Conferencia Sectorial programada para el 27 de agosto.