Rafa Latorre, sobre la ruptura del PNV con el PSOE: "Lo que la corrupción no ha conseguido, lo ha logrado la inteligencia artificial"
El Consejo de Ministros aprobó un decreto que ha sido calificado como un “artefacto de obsolescencia programada”. La norma, impulsada por la coalición Sumar, está diseñada para entrar en vigor de inmediato mediante el trámite de urgencia, aunque se anticipa que será derogado por el Congreso en breve. La estrategia parece haber buscado ganar tiempo político sin que el Gobierno tuviera que comprometerse a una medida sostenible.
Este tipo de uso del trámite de urgencia permite que el texto sea efectivo desde el momento en que sale del Consejo, lo que beneficia a los contratistas que, durante el breve periodo de vigencia del decreto, podrían prorrogar sus contratos. Sin embargo, la medida ha sido señalada como un uso fraudulento del procedimiento, ya que se aprobó con la certeza de que será revertida.
Repercusiones políticas y ruptura con el PNV
La iniciativa ha provocado una nueva derrota para el Gobierno y ha puesto en evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha cuestionado la legitimidad del presidente Pedro Sánchez, preguntándose cómo puede seguir al frente del Gobierno sin el respaldo de una mayoría clara. En la sesión de control, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, reiteró la duda: “¿Cómo pretende Sánchez continuar siendo presidente sin una mayoría que lo respalde?”.
El desencuentro entre el PSOE y el PNV se agudizó tras la difusión de un montaje digital que mostraba al portavoz vasco Aitor Esteban en una situación jocosa. El PNV calificó la publicación de “faltas de respeto de gran calado” y anunció la suspensión de la reunión prevista entre Esteban y la Moncloa. La polémica ha subrayado la dependencia mutua entre ambos partidos: los socialistas vascos sostienen al PNV en el Gobierno vasco, mientras que el PNV ha sido clave para la estabilidad del ejecutivo central.
En el contexto de la legislatura, la falta de una mayoría consolidada se ha convertido en un tema recurrente. El Gobierno ha sido acusado de fingir apoyo mayoritario mientras que, en la práctica, depende de pactos temporales y de maniobras legislativas de corto plazo.
Por otro lado, la conmemoración del primer aniversario del apagón que afectó a gran parte del territorio español sigue sin resolverse. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado expedientes contra varias compañías energéticas, entre ellas Iberdrola, por presuntas infracciones graves. Las empresas señalan que los procedimientos de la CNMV se centran en los dos años previos al incidente y no en la jornada del apagón, lo que, según ellas, limita la capacidad de esclarecer las causas y determinar responsabilidades.
Las compañías energéticas también han recordado que, tres meses antes del apagón, se evitó una situación similar, lo que sugiere que existían problemas estructurales en la gestión del sistema eléctrico. Cambios en la composición del mix energético, implementados para prevenir futuros cortes, podrían haber elevado el coste de la electricidad para los consumidores.
En resumen, tanto la polémica por el decreto de urgencia como la ruptura con el PNV y la falta de respuestas claras al apagón evidencian la fragilidad del actual ejecutivo y la ausencia de una mayoría robusta que le garantice la gobernabilidad a largo plazo.
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