Sánchez empieza a romper amarras con los socios y enciende ya el modo electoral: "Estamos hartos. Lecciones ya de nadie"
El martes 23 de junio el Congreso celebró una sesión monográfica centrada en los casos de corrupción que afectan al PSOE, en la que el presidente Pedro Sánchez mostró una postura más firme y distanciada respecto a varios de sus socios parlamentarios. Tras la intervención del gobierno, Sánchez afirmó haber salido “satisfecho” porque se logró, según él, delimitar la responsabilidad de los implicados y reactivar la ofensiva contra la corrupción dentro del propio partido.
En el debate se recordaron los principales expedientes que pesan sobre la ejecutiva socialista:
- José Luis Ábalos: condenado a 24 años y tres meses de prisión en la primera fase de la causa.
- Santos Cerdán y Leire Díez: investigados por presuntas irregularidades que, según Sánchez, “jamás” habría tolerado.
- José Luis Rodríguez Zapatero: investigación aún en fase preliminar, sin que se haya demostrado “trato de favor” del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.
- Begoña Gómez y David Sánchez: medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peino que, según el presidente, “sobrepasan los límites de lo razonable”.
El ejecutivo no anunció nuevas medidas ni ofreció disculpas adicionales. El proyecto de ley anticorrupción que se presentó el año pasado sigue en fase de anteproyecto y, según el gobierno, podría incorporarse al Congreso antes del verano, aunque la tramitación aún es preliminar.
Reacciones de los partidos
Las respuestas de los aliados y de la oposición fueron en su mayoría críticas y en tono de confrontación. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, fue acusado por Sánchez de representar “el regreso a la corrupción” y de no haberla combatido durante su mandato. El presidente subrayó que ni él ni el Gobierno cuentan con mayoría suficiente para impedir una moción de censura, pero tampoco Feijóo dispone de los votos necesarios para impulsarla.
Esquerra Republicana (ERC) y su portavoz Gabriel Rufián fueron especialmente duros con Sánchez, recordando su acuerdo de 2019 con Ábalos y cuestionando su conocimiento de los casos de corrupción. Rufián afirmó: “¿Usted sabía algo? Menos caritas y no me cuente milongas”.
Junts per Catalunya, a través de su portavoz Míriam Nogueras, insinuó la “vía Starmer”, es decir, la dimisión de Sánchez y la puesta a disposición de otro candidato, mientras que el PNV y Podemos también expresaron su descontento, exigiendo elecciones y cuestionando la gestión del Ejecutivo.
Los únicos apoyos firmes provinieron de EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que se mostraron dispuestos a evitar que la ultraderecha acceda a la presidencia.
En su réplica, Sánchez adoptó un tono más áspero, recordando a sus interlocutores que “gobernar no es solo resistir, pero tampoco desistir”. Criticó a Rufián por su postura y defendió la necesidad de seguir trabajando para “mejorar la vida de la gente”, señalando que la oposición y las redes sociales no son el espacio para resolver los problemas del país.
El debate también dejó entrever la intención del presidente de acercarse a la convocatoria de elecciones anticipadas. Fuentes cercanas al Ejecutivo sugieren que la fecha podría adelantarse a finales de 2026 o, en el peor de los casos, a principios de 2027, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Esta perspectiva se alimenta de la creciente presión de los socios de coalición y de la sensación de que la legislatura está llegando a su fin.
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