Sánchez niega que el indulto a Borràs sea un gesto a Junts: "Nada que ver con los Presupuestos. Cumplimos la sentencia del TSJ de Cataluña"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado que el indulto parcial concedido a la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no guarda relación alguna con la negociación de los Presupuestos ni con ningún otro asunto político. La medida, que reduce la pena de prisión a dos años y mantiene la inhabilitación, se produce en el marco de la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que había considerado excesiva la condena inicial.

Durante la rueda de prensa celebrada en Palma, tras una reunión de dos horas con el rey Felipe VI en el palacio de la Almudaina, Sánchez explicó que “lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del TSJC y eso no tiene nada que ver con la negociación de los Presupuestos, ni con la política”. El mandatario subrayó que la decisión se basa exclusivamente en criterios judiciales y no constituye un gesto de acercamiento a Junts, aunque su voto sea decisivo para la aprobación de los Presupuestos, el decreto‑ley de vivienda y la nueva fórmula de financiación autonómica.
Reacciones y contexto político
En el interior del PSOE, la medida ha sido descrita por varios dirigentes como “sin pena ni gloria”, evitando generar un debate interno significativo. Sin embargo, el presidente de Castilla‑La Mancha, Emiliano García‑Page, criticó públicamente el indulto en una entrevista en “Hoy por hoy” (SER), afirmando que “hay conceptos que no se deben indultar, como la corrupción”. García‑Page sostuvo que el caso de Borràs no equivale a una amnistía y lo vinculó a un supuesto “chantaje independentista”.
El Partido Popular, por su parte, ha mantenido la prudencia: el secretario general, Miguel Tello, declinó comentar el indulto cuando se le preguntó en el Congreso, recordando que en años anteriores Sánchez se había mostrado contrario a las medidas de gracia para políticos.
En el mismo día, Sánchez también abordó la imputación del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, en el caso Leire Díez, y la de su sucesora, Mercedes González, por los mismos hechos. El presidente limitó su respuesta a la presunción de inocencia y a la espera de que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, defina el rumbo del proceso.
Por otro lado, el presidente del Gobierno volvió a tocar el tema de la compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid. Tras la publicación de la información en El País, Sánchez dejó claro que la responsabilidad recae en la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y señaló que su ministro, Óscar López, solicitará el expediente de compra para esclarecer el caso.
En la agenda de la reunión con el rey, también se abordó la grave situación de los incendios forestales que afecta a España en verano. Sánchez informó que, en ese momento, había diez focos activos y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales. Asimismo, comunicó que ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando que Mallorca sea sede de un nuevo centro europeo de lucha contra incendios, que se instalaría en la base aérea de Son Sant Joan, siguiendo el modelo del hub de Chipre en el Mediterráneo oriental.
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