Sin setenta mil voluntarios no hay chantaje
Una sentencia del Tribunal Supremo no puede ser considerada la causa de la oleada de migrantes que arribó a Ceuta a finales de julio. El verdadero motor de aquel éxodo son los desequilibrios estructurales del mercado laboral marroquí, donde 2,9 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran fuera del empleo, la educación y la formación.
El episodio de Ceuta fue, a su vez, una señal de Rabat. La fecha elegida —el 30 de julio, aniversario de la coronación de Mohamed VI y diez días después del viaje del presidente español Pedro Sánchez a Argel— coincidió con la consolidación de la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental, respaldada por el reconocimiento de Estados Unidos desde 2020 y la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, que en octubre de 2025 consideró la autonomía bajo soberanía marroquí como la opción más viable.
Cifras que ponen en contexto la crisis migratoria
El último recuento oficial sitúa en 72 000 el número de entradas registradas en Ceuta. Con una población total de 83 600 habitantes, la ciudad recibió en pocos días el equivalente al 86 % de su población. Al 3 de agosto, alrededor de 70 000 personas habían regresado a Marruecos, mientras que permanecían en la ciudad unos 1 100 menores no acompañados, alojados en centros de acogida, naves o en la calle.
Se recuperaron 88 embarcaciones en aguas españolas; la Delegación del Gobierno atribuye 72 a la avalancha de los días 30 y 31 de julio, mientras Marruecos reconoce otros once en sus aguas. En la crisis migratoria de 2021, la cifra había sido de cerca de 10 000 entradas; la actual representa un aumento de siete veces.
Un alto funcionario marroquí explicó que el reino mantiene 24 000 agentes en la costa norte y que, en los últimos dos años, impidió más de 150 000 intentos de cruce. Además, Rabat habría avisado a Marruecos (sic) los días 22 y 23 de julio. Estos datos, presentados como defensa, demuestran la capacidad ordinaria de control, pero no explican la magnitud repentina del flujo migratorio.
La Sentencia 814/2026, de 29 de junio, de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo, declaró inaplicable la disposición que permitía el rechazo inmediato de quienes saltan los elementos físicos de contención en Ceuta o Melilla, al considerar que en el mar no se supera ningún obstáculo físico. En estos casos procede la devolución según el artículo 58.3, con resolución individual, asistencia y posibilidad de solicitar protección internacional. La resolución no concedió residencia, ni autorizó la entrada a la Península, ni prohibió la devolución.
Posteriormente, el Gobierno instaló una barrera marítima de 500 metros basada en la propia doctrina judicial, pero la sentencia no explica por qué tantas personas decidieron intentar el cruce.
El propio alto comisionado de planificación marroquí, el 14 de abril, estimó que 2,9 millones de jóvenes de 15 a 29 años ni trabajan, ni estudian y tampoco reciben formación; de ellos, el 72 % son mujeres y casi tres cuartas partes carecen de titulación profesional. El 55 % de estos jóvenes ha pensado alguna vez en emigrar.
La encuesta laboral del 3 de agosto indica una tasa de paro general del 9,5 %, pero entre los 15 y 24 años el desempleo alcanza el 27,2 %, solo el 16,6 % cuenta con un empleo remunerado y la subutilización laboral llega al 41,7 %. La participación femenina en la fuerza laboral es de apenas el 18,1 %.
En el ámbito de la salud, Marruecos registra 7,61 médicos por cada 10 000 habitantes, y en la región de Agadir la cifra desciende a 4,2. En agosto de 2025 murieron ocho mujeres durante una cesárea en el hospital público Hassan II, lo que desencadenó el movimiento GenZ212 con la consigna “queremos hospitales, no solo esteros”. El gobierno respondió con 2 400 procesos judiciales, 1 473 detenidos preventivos y un presupuesto de 140 000 millones de dírhams para sanidad y educación, además de la creación de 27 000 plazas públicas.
A pesar de los retos sociales, Marruecos mantiene una economía en expansión. En 2025 el puerto de Tánger Med manejó 11,1 millones de contenedores; las exportaciones de automóviles alcanzaron los 157 000 millones de dírhams, empleando a 220 000 personas. La pobreza multidimensional disminuyó del 11,9 % en 2014 al 6,8 % en 2024, y el país crece a una tasa del 4 % anual, con proyectos de alta velocidad y la candidatura a un Mundial.
El discurso del Trono de 2025 de Mohamed VI advertía de un “Marruecos a dos velocidades”. La primera, impulsada por el eje atlántico, la industria y los puertos; la segunda, concentrada en la zona fronteriza con Ceuta, donde la actividad informal y el contrabando habían generado ingresos significativos. El cierre de la frontera en octubre de 2019, sin una alternativa económica, dejó a cientos de familias sin fuentes de sustento, incrementando la presión migratoria.
El 23 de septiembre de 2024, Marruecos celebró elecciones para la Cámara de Representantes, eligiendo a 395 diputados. La Constitución sigue reservando al monarca el control del Consejo de Ministros, la política de seguridad, la justicia, las Fuerzas Armadas y la firma de tratados internacionales, lo que limita la influencia de los cambios parlamentarios sobre la política exterior.
Europa ha financiado la arquitectura fronteriza marroquí durante años, destinando 234 millones de euros entre 2015 y 2021 y, en 2023, otros 152 millones para gestión fronteriza, retornos e integración. La cooperación ha salvado vidas, pero la financiación se ha centrado en la compra de capacidad operativa sin garantizar lealtad o continuidad. Cada interrupción del control fronterizo permite al proveedor demostrar su valor y negociar condiciones más favorables.
España debe exigir responsabilidades tanto a Marruecos como a sus propias instituciones. El Gobierno español afirmó que no había previsto la avalancha y que, con la información disponible, no habría sido posible recibir a 50 000 personas en 24 horas. Rabat, por su parte, sostiene que alertó una semana antes. Ambas versiones son incompatibles; es necesario esclarecer si la alerta fue efectivamente transmitida o si hubo un fallo de interpretación.
La instalación de una barrera marítima, el refuerzo de la vigilancia y la puesta en marcha de procedimientos de devolución eficientes son medidas imprescindibles, pero insuficientes. La próxima financiación europea debería estar condicionada a resultados verificables: empleo juvenil por región, reducción del abandono escolar, ratio médicos‑habitante, estabilidad fronteriza y protocolos de alerta compartidos.
Fátima, de 25 años, había intentado cruzar la frontera veinte veces desde Fnideq. El 30 de julio declaró a Efe: “No me importa el riesgo, volveré”. Sus allegados confirmaron que, esta vez, logró llegar a Ceuta. Su historia representa a los 2,9 millones de jóvenes que, frente a la falta de oportunidades, prefieren arriesgar su vida antes que permanecer en una situación de exclusión.
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