Tardón vuelve a apoyarse en el CENIF para investigar la entrada masiva de Ceuta y sus posibles vínculos con Marruecos

La magistrada del Tribunal Supremo, María Tardón, ha vuelto a solicitar al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que amplíe la investigación sobre la masiva infiltración de inmigrantes en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio. En el auto dictado el pasado 16 de septiembre, la jueza ordenó la realización de nuevas diligencias encaminadas a identificar quién organizó y coordinó la movilización, cómo se difundió a través de las redes sociales y cuál fue la relación entre los dinamizadores digitales, los organizadores en tierra y las supuestas estructuras de planificación.

Esta decisión se produce después de la resolución anterior, de 7 de septiembre, en la que Tardón aceptó las conclusiones del informe elaborado por el CENIF. Dicho informe descartó que los hechos fueran espontáneos y describió un proceso con “antes, durante y después”, señalando una intensa actividad previa en redes sociales y la participación de distintos perfiles a medida que avanzaba la oleada migratoria. Las conclusiones fueron duramente rechazadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Profundización en la organización digital

El nuevo auto obliga al CENIF a completar su informe sobre la “organización digital de la entrada masiva a Ceuta” y a proporcionar la relación íntegra de los números de teléfono detectados como emisores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, así como los identificadores utilizados en plataformas como Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y otras. Además, se solicitan datos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital.

El objetivo es ir más allá de la simple identificación de los perfiles que difundieron los llamamientos: la jueza pretende cruzar esa información para determinar la titularidad de los números y cuentas, su ubicación, las relaciones entre ellos y si formaban parte de estructuras de coordinación. El auto establece que, una vez obtenidos estos datos, deberán iniciarse nuevas diligencias para precisar la titularidad de los perfiles y las posibles conexiones entre los diferentes usuarios.

En la resolución del 7 de septiembre, el CENIF había señalado que el 90,8 % de los números identificados en los grupos monitorizados tenían prefijo marroquí, aunque no había sido posible identificar a sus titulares en las bases de datos españolas.

Estructura de la movilización

• Nivel 1: Personas que cruzaron la frontera.
• Nivel 2: Dinamizadores de los mensajes en redes sociales.
• Nivel 3: Organizadores del flujo de personas en terreno.
• Nivel 4: Interventores en la planificación previa.
• Nivel 5: Directores del proceso, aún por identificar.

Los niveles tres y cuatro, según el análisis policial, indicaban una coordinación previa, mientras que el nivel cinco sigue sin estar identificado. En este último punto la jueza subraya la dimensión marroquí de la investigación, pues parte de los autores materiales “parecen operar desde el territorio de Marruecos o en vinculación con él”.

El informe también describe la presencia de uniformes de las fuerzas de seguridad marroquíes y de “agentes dinamizadores sobre el terreno”, no uniformados, que habrían impartido instrucciones a los migrantes. En la zona de la playa de Fnideq y sus alrededores, el material gráfico incorporado al informe muestra a uniformados indicando a los inmigrantes la forma de superar obstáculos y dirigir sus movimientos hacia el acceso a Ceuta, lo que la magistrada califica como “gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”.

Para esclarecer este aspecto, Tardón ha ordenado identificar a los agentes uniformados que aparecen en las imágenes y reconstruir la cadena de mando operativa en Fnideq‑Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio. Asimismo, ha solicitado al Estado Mayor de la Defensa que proporcione todas las imágenes satelitales disponibles entre el 20 de julio y el 7 de agosto de la playa de Fnideq y de la zona de El Tarajal.

La magistrada también ha pedido a HI IBERIA que determine si, en ese periodo, se recibieron solicitudes de obtención de imágenes satelitales de la zona fronteriza y, de ser así, quién las realizó. La diligencia abarca un área de hasta 5.000 metros dentro del territorio marroquí y 1.000 metros en territorio español, sin asumir que alguien haya encargado ya esas imágenes.

En cuanto a la fase posterior a la entrada, Tardón ha encargado al CENIF que actualice su informe sobre los tránsitos irregulares de inmigrantes desde Ceuta hacia la península, identificando embarcaciones, propietarios, patrones, financiadores, rutas y beneficiarios, así como los domicilios, garajes o locales utilizados para alojar o ocultar a los recién llegados.

Paralelamente, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Oficina Central de Operaciones (UCO) deberán elaborar conjuntamente un informe económico para determinar si existió financiación de la movilación y analizar los movimientos patrimoniales y económicos, incluidos posibles sistemas informales de transferencia de dinero, contratación de transportes colectivos y otras operaciones logísticas. La jueza vincula esta diligencia a la magnitud de la movilización, estimada por el CENIF entre 75.000 y 85.000 personas.

El auto del 7 de septiembre mantiene abiertas todas las hipótesis respecto a los responsables de los niveles superiores de la estructura y descarta que las organizaciones criminales dedicadas habitualmente al tráfico de inmigrantes fueran las autoras directas de una movilización de tal escala, aunque sí contempla que pudieran haber aprovechado la situación para obtener beneficios posteriores.