Israel prohíbe a 37 ONG en Gaza y el mundo no puede creerlo
El 1 de enero entró en vigor la decisión del Gobierno de Israel de retirar las licencias a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que operan en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada. Esta medida se basa en la no finalización de un nuevo proceso obligatorio de registro aprobado en marzo de 2025, según informaron las autoridades israelíes. Como consecuencia, los trabajadores extranjeros de estas entidades tienen hasta el 1 de marzo para abandonar los territorios palestinos, plazo establecido para el cese total de sus actividades.
Un marco regulatorio bajo fuego internacional
Israel, que controla el acceso de personal humanitario y la entrada de ayuda tanto a Gaza como a Cisjordania, justificó la cancelación de los permisos alegando razones de seguridad nacional y la necesidad de investigar posibles vínculos entre estas organizaciones y grupos armados. El Ejecutivo israelí sostiene que las ONG afectadas no cumplieron con los nuevos requisitos administrativos, los cuales han sido ampliamente cuestionados por la comunidad humanitaria internacional.
El nuevo marco exige a las organizaciones presentar información sensible, como datos completos del personal, y permite la negación o revocación de licencias por motivos como negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de boicot o apoyar acciones legales contra miembros de sus fuerzas de seguridad en tribunales internacionales. Estas condiciones han sido denunciadas como una forma de condicionar la ayuda humanitaria a la alineación política, lo que atenta contra los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad que rigen la asistencia humanitaria global.
Organizaciones clave entre las afectadas
- Médicos Sin Fronteras
- Acción contra el Hambre
- Oxfam
- Cáritas
- Movimiento por la Paz
Entre las ONG sancionadas figuran algunas de las más reconocidas internacionalmente, como Médicos Sin Fronteras, a la que Israel acusó de haber tenido “terroristas” entre su personal. La organización negó categóricamente estas afirmaciones y advirtió que el cierre de sus operaciones dejará a cientos de miles de personas sin atención médica ni servicios básicos. Claire San Filippo, coordinadora de emergencias para Gaza, señaló que acusaciones sin pruebas ponen en riesgo a los trabajadores humanitarios y socavan operaciones médicas vitales en una región devastada por la guerra.
Alerta por el impacto humanitario en Gaza
La retirada de licencias ha generado fuertes advertencias sobre un posible colapso del sistema humanitario en Gaza, donde cerca de dos millones de personas dependen de la ayuda externa tras más de dos años de intensa ofensiva israelí. Según estimaciones, alrededor del 80 % de la infraestructura del enclave ha sido destruida o severamente dañada, y la mayoría de la población vive en condiciones precarias, muchas veces en tiendas de campaña.
Las ONG afectadas gestionan o apoyan hospitales de campaña, centros de salud primaria, servicios de agua y saneamiento, refugios de emergencia, programas de nutrición para niños con desnutrición aguda y operaciones de desminado. En el ámbito de la salud infantil, toda la capacidad de hospitalización para tratar casos graves de desnutrición en Gaza depende del respaldo de estas organizaciones internacionales.
El Gobierno israelí aseguró que la ayuda continuará llegando a través de agencias de la ONU, gobiernos donantes, el sector privado y más de veinte ONG que sí cumplieron con el nuevo registro. Sin embargo, organizaciones humanitarias y países donantes advierten que esta alternativa no compensará la pérdida de capacidades operativas que supone la salida de las 37 entidades excluidas.
Condena global y presión diplomática
La medida ha sido rechazada por múltiples actores internacionales. La Unión Europea, a través de su comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, exigió a Israel levantar las restricciones al acceso humanitario y cuestionó la legalidad del nuevo proceso de registro. Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó las suspensiones como “intolerables y arbitrarias”, y advirtió que agravarán una crisis humanitaria ya extrema.
Un grupo de diez países, entre ellos Canadá, Francia, Japón, Suecia, Suiza y el Reino Unido, expresó su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Gaza. Alertaron de que uno de cada tres centros sanitarios podría cerrar si las operaciones de estas ONG se detienen, lo que agravaría aún más la emergencia médica en curso.
Organizaciones israelíes también alzan la voz
Dieciocho organizaciones israelíes de derechos humanos y asistencia humanitaria condenaron la decisión gubernamental, considerando que el nuevo marco regulatorio viola los principios fundamentales de la acción humanitaria y pone en riesgo vidas civiles. Entre las firmantes figuran B’Tselem, Rompiendo el Silencio, Médicos por los Derechos Humanos, HaMoked y el Comité Público contra la Tortura en Israel.
Estas entidades recuerdan que, desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, el acceso humanitario a Gaza ha sido severamente restringido. A pesar del alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, señalan que la ayuda esencial sigue siendo retrasada o bloqueada. En Cisjordania, denuncian un aumento sin precedentes de la violencia por parte de fuerzas militares, instituciones y colonos israelíes, lo que hace aún más crítica la labor de las ONG internacionales.
Las organizaciones israelíes enfatizan que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación legal bajo el derecho internacional humanitario de garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales a la población civil palestina. Garantizar el acceso a la ayuda humanitaria, subrayan, no es una decisión discrecional, sino un deber jurídico que, según denuncian, está siendo incumplido de forma sistemática.
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