El oscuro papel del cuarto poder en la ocupación del Sáhara Occidental
El 10 de diciembre de 2020, en los últimos meses de su mandato presidencial, Donald Trump anunció a través de una publicación en redes sociales que reconocía la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio del Sáhara Occidental. Esta declaración, emitida mientras se preparaba para abandonar la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, no supuso un cambio jurídico real, sino más bien una postura política alineada con los intereses del régimen marroquí. Jurídicamente, Marruecos no ostenta soberanía sobre ese territorio, que sigue siendo considerado por Naciones Unidas como un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Por tanto, lo que Trump presentó como un “reconocimiento” no fue más que una afirmación unilateral sin fundamento legal, destinada a respaldar la ocupación de facto que Marruecos ejerce desde 1975.
El anuncio de Trump, lejos de basarse en principios de derecho internacional, respondía a un cálculo político: impulsar la inclusión de Marruecos en los acuerdos de Abraham, normalizando sus relaciones con Israel. En ese contexto, el Sáhara Occidental fue tratado como una moneda de intercambio. La reacción mediática global, sin embargo, omitió en gran medida esta dimensión jurídica y crítica. Muchos medios reprodujeron la declaración sin contexto, sin aclarar que no existe reconocimiento legal alguno sobre la soberanía marroquí en la región, convirtiéndose así en transmisores inadvertidos de una narrativa que favorece la expansión territorial de Marruecos a costa de la desinformación.
Macron repite el guion y profundiza la complicidad
El 30 de julio de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron reprodujo en esencia el mismo discurso, utilizando términos similares para expresar su apoyo a las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara Occidental. A diferencia de Trump, cuyo enfoque era principalmente táctico, Macron actuó en un contexto de tensiones diplomáticas con Marruecos derivadas del escándalo Pegasus y del deterioro de sus relaciones bilaterales. Su declaración, igualmente desprovista de fundamento jurídico, fue un intento de reconstruir lazos con Rabat, pero con consecuencias más profundas: Francia no solo respaldó verbalmente la ocupación, sino que abrió las puertas a empresas francesas para operar en territorios ocupados, financiando proyectos con dinero público en áreas bajo control marroquí.
Esta acción no solo viola principios del derecho internacional, sino que compromete directamente al Estado francés en actividades ilegales en un territorio en litigio. Empresas galas ahora operan en zonas donde su presencia puede considerarse cómplice de explotación de recursos naturales en un territorio no soberano, todo ello bajo el paraguas de una “soberanía” que no existe más allá de la propaganda marroquí.
Manipulación mediática y falsificación cartográfica
- Los medios de comunicación, en su mayoría, han omitido contextualizar las declaraciones de Trump y Macron, reproduciendo sin crítica la narrativa de una “soberanía marroquí”.
- Este silencio o complicidad activa ha permitido que se normalice una falsedad jurídica, presentando como hecho lo que es una ocupación ilegal.
- Incluso en mapas publicados por medios internacionales, se ha sustituido la frontera norte del Sáhara Occidental —marcada históricamente por una línea continua en el paralelo 27° 40’ N— por un trazo discontinuo, símbolo cartográfico que indica límites en disputa o indefinidos.
- Este cambio visual no es inocente: busca diluir la identidad territorial del Sáhara Occidental, sugiriendo que su frontera con Marruecos no es clara, cuando en realidad está perfectamente delimitada y reconocida internacionalmente.
La línea discontinua, lejos de reflejar una disputa legítima, sirve como herramienta de desinformación gráfica, implantando en la percepción pública la idea de que el Sáhara podría formar parte natural de Marruecos. Sin embargo, el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo bajo supervisión de la ONU, con una historia colonial como antigua provincia española, y cuya administración sigue siendo materia de resolución internacional. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada en 1976, ha sido reconocida por 84 países y es miembro pleno de la Unión Africana.
La universidad como campo de batalla
Paralelamente, Marruecos ha intensificado su influencia en el ámbito académico español, estableciendo cátedras en universidades públicas como parte de una estrategia de legitimación cultural y política. Tras intentos fallidos en Salamanca y Jaén, logró finalmente instalar una cátedra en otra institución española, reforzando así su presencia en el espacio intelectual europeo. Estas iniciativas, financiadas por Rabat, promueven una visión sesgada del conflicto saharaui y contribuyen a normalizar la narrativa oficial marroquí dentro de centros de formación que deberían garantizar neutralidad y rigor académico.
La cobertura mediática sobre el Sáhara Occidental sigue siendo escasa y, cuando existe, tiende a favorecer la versión marroquí. Esta práctica no solo perpetúa la desinformación, sino que debilita el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Cada vez que se repite la frase “soberanía marroquí sobre el Sáhara”, se reproduce una ficción política que ignora décadas de resoluciones de la ONU, lucha nacional saharaui y crímenes de guerra documentados. Detrás de esa expresión no hay un hecho jurídico, sino la enésima quimera expansionista del rey Mohamed VI, sostenida por aliados políticos y amplificada por un cuarto poder que, en lugar de informar, oculta.
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