Bildu acusado de corrupción El bombazo que nadie vio venir

La izquierda abertzale ha construido parte de su identidad política en torno a un discurso de transparencia y rectitud institucional, destacándose, según sus líderes, por la ausencia de casos de corrupción en su gestión pública. Esta narrativa ha sido reiterada especialmente por Arnaldo Otegi, quien esta semana afirmó que su formación representa “la garantía de honradez y ejemplaridad en la actividad política”. En efecto, desde su constitución como EH Bildu en 2012, la coalición no ha visto salpicados sus gobiernos municipales ni autonómicos por escándalos de corrupción derivados de la gestión institucional. Hoy administra 104 municipios en Euskadi y 37 en Navarra, incluyendo ciudades como Pamplona, sin que hasta la fecha se haya abierto un caso judicial por malversación o prevaricación dentro de sus filas.

No obstante, este discurso de pureza ética contrasta con una historia política más compleja, marcada por su vinculación histórica con ETA y con estructuras paralelas de poder. Durante décadas, el entorno de la izquierda abertzale estuvo relacionado con el llamado “impuesto revolucionario”, un sistema de extorsión a empresarios que financió a la banda terrorista. Las “Herriko Tabernas”, sedes sociales de organizaciones afines, fueron investigadas como parte de esa red de recaudación. Pese a ello, EH Bildu ha insistido en separarse de ese pasado, presentándose como una fuerza reformada y democrática.

El doble discurso frente a la corrupción

La coalición ha usado con dureza el tema de la corrupción para atacar a sus principales rivales políticos, especialmente al PNV. Tras la condena en 2019 del denominado “caso De Miguel”, donde 15 miembros del PNV en Álava fueron sentenciados por un entramado de prevaricación y tráfico de influencias, EH Bildu intensificó sus críticas, alegando que la corrupción era estructural en el nacionalismo moderado. Otegi llegó a afirmar que, a diferencia de su formación, en el PNV la corrupción no era un caso aislado.

Este enfoque agresivo no se ha repetido, sin embargo, en los casos que afectan al PSOE. A pesar de que en los últimos meses han surgido graves casos de presunta corrupción en el seno del partido socialista, tanto a nivel estatal como en Navarra —relevando contratos como el de Servinabar, vinculado al exvicepresidente foral Santos Cerdán—, EH Bildu ha mantenido un perfil discreto. Sus voces han exigido ejemplaridad, pero sin el tono incisivo o acusador que han empleado contra el PNV. Esta actitud ha generado críticas, especialmente desde UPN, que ha acusado a EH Bildu de querer “tapar la corrupción del PSOE” para salvaguardar su rol como socio estable del gobierno central y foral.

Acusaciones de acoso y violencia de género

• En 2019, la coalición retiró a Josu Juaristi como candidato a las elecciones europeas tras ser acusado de enviar mensajes “fuera de lugar” a su expareja, actitud calificada por EH Bildu como “inaceptable”.
• Mismo año, el concejal de Pamplona Joxé Abaurrea fue condenado por agredir a una edil del PP durante un forcejeo en el Ayuntamiento. Aunque dimitió, fue posteriormente reincorporado al equipo de gobierno del alcalde Joseba Asirón.
• En 2017, un exconcejal de EH Bildu en Zarautz fue denunciado por una joven de 19 años por una presunta agresión sexual ocurrida en una Herriko Taberna, un hecho que no derivó en sanción pública por parte de la formación.

Estos episodios evidencian que, aunque EH Bildu ha logrado mantener una imagen impecable en términos de corrupción institucional, no ha estado exenta de polémicas relacionadas con el trato a las mujeres y el comportamiento ético de algunos de sus representantes. Mientras defiende su credibilidad frente al PNV y exige transparencia a sus adversarios, su posición crítica se atenúa cuando los afectados son aliados políticos, lo que alimenta una lectura de doble estándar que sus detractores no dejan de señalar.