Funcionarios al borde del colapso por pérdida del 24 del poder adquisitivo

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el decreto que garantiza la subida salarial para los empleados públicos correspondiente a 2025 y 2026. Más de tres millones de funcionarios recibirán en su nómina de diciembre un incremento del 2,5%, aplicado con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Para 2026, está previsto un aumento fijo del 1,5%, al que podría sumarse un 0,5% adicional si la inflación de ese año iguala o supera el 1,5%. En ese caso, el complemento se abonaría en el primer trimestre de 2027, también de forma retroactiva, lo que elevaría la subida total para ese ejercicio al 2%.

Un acuerdo para evitar la huelga

Estas mejoras forman parte del nuevo Acuerdo Marco para el periodo 2025-2028, fruto de una negociación intensa entre el Gobierno y los principales sindicatos del sector público. El Ministerio de Función Pública, liderado por Óscar López, logró el respaldo de CCOO, CSIF y UGT, evitando así lo que podría haber sido la primera huelga general del sector público bajo el mandato de Pedro Sánchez. El pacto contempla una subida acumulada de hasta el 11,4% en cuatro años. Desde CSIF destacaron que este acuerdo permitiría a los funcionarios recuperar un 2,9% de poder adquisitivo.

Críticas y divergencias sobre el verdadero impacto salarial

No todos los sectores del empleo público comparten esta visión optimista. Ana Ercoreca, presidenta de Fedeca (Federación Española de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), alertó de que, desde 1982, los funcionarios han perdido más del 44% de poder adquisitivo. A su juicio, las revalorizaciones recientes no han compensado la pérdida provocada por años de congelación salarial y elevada inflación. Además, señaló que el Banco de España prevé una inflación del 2,5% para 2025, idéntica al incremento salarial acordado, lo que significaría que no habrá ganancia real en términos de poder adquisitivo.

La discrepancia entre sindicatos se explica por los distintos años de referencia utilizados. Dado que el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo dispone de datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde 2002, se tomó como punto de partida el año 2001. Desde entonces, la inflación acumulada ha sido del 67,44%, mientras que los incrementos salariales han alcanzado únicamente el 43,58%. Esta diferencia evidencia una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 23,9 puntos porcentuales.

La brecha se redujo temporalmente en 2009, gracias a sucesivos aumentos salariales por encima del 2,7% anual previos a la crisis financiera. Sin embargo, a partir de 2010, con el recorte del 5% en los salarios bajo el Gobierno de Zapatero y la congelación de retribuciones hasta 2015, la descompensación se acentuó. Entre 2016 y 2020, con una inflación moderada del 0,8% de media, hubo cierta recuperación, pero la irrupción de la pandemia y la guerra en Ucrania dispararon la inflación a niveles del 6,5% en 2021 y 5,7% en 2022. Las subidas salariales pactadas entre 2022 y 2024 —del 3,5% en 2022 y 2023, y del 2,5% en 2024—, aunque las más altas desde 2002, no han logrado cerrar la brecha.

El nuevo escenario: más alivio, pero sin recuperación total

El nuevo Acuerdo Marco mantiene una tendencia de aumentos insuficientes respecto a la inflación proyectada. En 2025, con una inflación del 3% (último dato del INE de noviembre), el incremento del 2,5% agravará la pérdida de poder adquisitivo. Para 2026, aunque el salario pueda crecer hasta el 2%, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima una inflación del 2,6%, lo que supondría nuevo deterioro.

La única recuperación significativa se produciría en 2027, con una subida extraordinaria del 4,5%, coincidiendo con el año electoral. Este aumento permitiría a los funcionarios ganar poder adquisitivo por primera vez en años, aunque de forma coyuntural. En 2028, con una subida prevista del 2% y una inflación estabilizada, el salario apenas neutralizaría la pérdida, sin acortar la brecha acumulada.

En conjunto, el acuerdo salarial no logra reducir la distancia entre el crecimiento de los salarios y el de los precios. Si en 2024 la diferencia se situaba en 23,9 puntos, al cierre de 2028 ascendería al 24,1%, según las previsiones de la AIReF, siempre que no se produzcan nuevos shocks económicos. Así, pese al anuncio de aumento acumulado del 11,4%, el poder adquisitivo de los empleados públicos seguirá por debajo de su valor real a inicios de siglo.