Cientos de miles en mordidas ¿quién se llevó el dinero de la trama de Leire Díez?
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga un presunto entramado de corrupción en torno a adjudicaciones y ayudas públicas vinculadas a empresas relacionadas con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre los detenidos figuran Leire Díez, exmilitante del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y el empresario Antxon Alonso, quienes estarían implicados en la presunta distribución de comisiones ilegales por la intermediación en hasta cinco contratos o ayudas entre 2021 y 2023.
Operaciones bajo investigación
La trama, bautizada provisionalmente como “trama Leire Díez”, está siendo investigada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, lo que ha limitado la divulgación de detalles oficiales. No obstante, fuentes cercanas a la investigación han confirmado que se analizan operaciones de alto impacto económico, en las que se habrían cobrado comisiones por un total cercano a los 750.000 euros.
Entre las operaciones más destacadas figura el rescate de la empresa Tubos Reunidos por un importe de 112,8 millones de euros, en el que se habría pagado una comisión de 114.950 euros. Asimismo, se investiga el contrato del Parque Empresarial Príncipe de Asturias, adjudicado a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros, con una supuesta comisión de 400.000 euros.
Otros casos analizados
- La concesión de una ayuda de 17,32 millones de euros por parte de SEPIDES a la empresa Arapellet, sociedad vinculada a Forestalia, con una supuesta comisión de 200.000 euros.
- Una adjudicación irregular de Mercasa, empresa pública del sector alimentario, a Servinabar por un importe de 18.119,75 euros. Antxon Alonso sería administrador de esta empresa, y también estaría implicado Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, aunque este último niega cualquier valor jurídico al contrato.
La UCO realizó este miércoles las detenciones de Díez, Fernández y Alonso, quienes quedaron en libertad provisional tras declarar ante el juez Antonio Piña. Se les impusieron medidas cautelares consistentes en la prohibición de abandonar España, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado, tal como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
Durante la declaración, Leire Díez y Antxon Alonso ejercieron su derecho a no declarar, invocando el secreto sumarial. Por su parte, Vicente Fernández negó categóricamente haber participado en irregularidades en contratos públicos. Mientras tanto, agentes de la Guardia Civil han realizado registros en la sede de Enusa y han solicitado información en diversas instituciones, entre ellas la SEPI y Correos, como parte de las pesquisas en curso.
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