El campo español se rebela contra Bruselas con tractores y protestas masivas
Los agricultores y ganaderos españoles han iniciado una semana de movilizaciones masivas en todo el país, con tractores saliendo a las calles desde este lunes hasta el viernes, en una protesta convocada de forma conjunta por Asaja, COAG y UPA. El punto álgido está previsto para el jueves 29, cuando se esperan concentraciones en más de 25 provincias. La jornada, bautizada como el "superjueves del campo", busca visibilizar el profundo malestar del sector agrario frente a decisiones que consideran perjudiciales para su futuro.
Recortes en la PAC y giro estratégico europeo
Uno de los principales motivos de protesta es la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 22% el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP). Según cálculos de las organizaciones agrarias, este recorte supondría una pérdida de 877,5 millones de euros para España en siete años, afectando directamente a pagos directos, ayudas a jóvenes agricultores, modernización del sector y programas de desarrollo rural. Este ajuste contrasta con el aumento de fondos destinados a otras prioridades estratégicas como la defensa y la seguridad, lo que ha generado críticas dentro del sector, que se pregunta si la UE está dispuesta a sacrificar uno de sus pilares fundacionales —la agricultura— en aras de una nueva agenda geopolítica.
“Estamos respondiendo a un cambio de prioridades en Bruselas que nos afecta directamente”, afirmó Cristóbal Cano, secretario general de UPA. “Menos burocracia, más apoyo real, y que no se paguen los platos rotos los productores que alimentan a Europa”, agregó.
Acuerdos comerciales bajo lupa
Otro frente de tensión es la aceleración de acuerdos comerciales por parte de la Unión Europea, especialmente el tratado con Mercosur y las negociaciones en curso con India. Aunque las organizaciones agrarias no se oponen a abrir mercados, exigen que los productos importados cumplan con los mismos estándares sanitarios, fitosanitarios, de bienestar animal y sostenibilidad que deben afrontar los productores europeos. La preocupación radica en que, en la práctica, los controles sean insuficientes: un informe europeo reveló que en 2024 solo se inspeccionó el 0,0082% de los productos importados, lo que alimenta el temor a una competencia desleal.
Un acuerdo en el limbo jurídico
- El Parlamento Europeo decidió esta semana denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), frenando su ratificación.
- La medida, adoptada por solo diez votos de diferencia, refleja una profunda división política sobre el tratado.
- A pesar de ello, la Comisión Europea mantiene la posibilidad de aplicar de forma provisional la parte comercial del acuerdo.
Desde Bruselas, el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, criticó la decisión del Parlamento, argumentando que genera inseguridad para los exportadores. Por su parte, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, defendió una implementación inmediata, recordando que otros acuerdos, como el de Canadá, han entrado en vigor de manera provisional sin completar el proceso de ratificación.
Sin embargo, voces como la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigen garantías antes de cualquier aplicación, como controles fronterizos reforzados y cláusulas de protección automáticas. Asimismo, la CEOE apoya el acuerdo por su potencial económico —estiman en 300.000 millones de euros la pérdida de PIB europeo entre 2021 y 2025 por no firmarlo—, pero insiste en la necesidad de condiciones equitativas.
El campo exige respeto a la decisión democrática
Las organizaciones agrarias insisten en que no se active la parte comercial del acuerdo UE-Mercosur de forma provisional mientras el TJUE evalúa su legalidad. Consideran que hacerlo supondría ignorar una decisión parlamentaria que evidencia dudas profundas sobre el tratado, tanto desde el punto de vista jurídico como político. “No se puede priorizar el comercio sobre la soberanía alimentaria y el futuro de nuestros campos”, alertaron desde las plataformas convocantes.
Las movilizaciones no solo son una protesta contra recortes o acuerdos, sino un llamado de atención sobre el papel del campo en el futuro de Europa. Mientras las instituciones debaten, los agricultores reclaman que sus voces no queden relegadas en las salas de negociación de Bruselas.
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