Álvaro Redondo desata la polémica con dura sentencia sobre la amnistía
Álvaro Redondo, fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2005, ha acumulado más de dos décadas de experiencia en los más altos niveles del Ministerio Público. Nacido en Uruguay, llegó a España con veinte años y se formó en Derecho para dedicarse plenamente al ámbito penal y procesal. Su carrera comenzó como letrado del Ministerio Fiscal en ciudades como San Sebastián y Cataluña, hasta que alcanzó un puesto en la cúspide de la institución, donde ha permanecido durante los últimos 21 años. Reconocido por su trayectoria y solidez técnica, Redondo es hoy una de las voces más respetadas dentro del sistema judicial español.
Reflexiones sobre el rol del fiscal general y la independencia del Ministerio Público
En una reciente entrevista, Redondo abordó temas clave sobre el funcionamiento del Ministerio Público, especialmente tras la condena del exfiscal general Álvaro García Ortiz, que ha reavivado el debate sobre el modelo de designación de este cargo. Sin embargo, Redondo matiza: “No creo que el proceso penal que ha afectado al Fiscal General haya abierto un debate real sobre su figura”. Para él, el fiscal general no es un cargo de confianza política, sino profesional, con un mandato de cuatro años que no depende de la voluntad del Gobierno para ejercer sus funciones. “Es nombrado por un Gobierno democrático, al igual que ocurre con magistrados del Tribunal Constitucional, y eso no resta legitimidad al cargo”, asegura.
Respecto a posibles reformas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Redondo considera que cualquier alternativa al nombramiento por el Ejecutivo podría ser incluso más problemática. “Si el fiscal general fuera elegido por los fiscales, las asociaciones tenderían a imponer candidatos afines a sus intereses. Si lo hicieran las Cortes, sería difícil alcanzar consensos. El sistema actual, aunque mejorable, es el menos conflictivo”.
Entre las propuestas de mejora, destaca la necesidad de reforzar la antigüedad y la capacidad profesional como criterios decisivos en la promoción, fortaleciendo así la independencia funcional de los miembros del Ministerio Público.
La instrucción de causas penales: un cambio necesario
- Redondo apoya la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitiría a los fiscales asumir la instrucción de causas penales, un modelo más cercano al de otras democracias europeas.
- Descarta que la Fiscalía carezca de infraestructura para asumir esta labor: “Con voluntad política y recursos adecuados, se puede organizar rápidamente”.
- Subraya que el fiscal, como promotor de la justicia y auxiliado por la policía judicial, está constitucionalmente llamado a liderar la investigación penal en interés público.
Para Redondo, lo fundamental no es quién investiga, sino que se descubra la verdad, se protejan los derechos de las víctimas, se asegure la responsabilidad del presunto autor del delito y se garantice un juicio justo. “La unidad de actuación de la Fiscalía es clave para asegurar la igualdad ante la ley, frente a la independencia individual del juez”.
Críticas al poder judicial y defensa de la imparcialidad
Sobre las críticas del Ejecutivo al poder judicial, Redondo defiende la libertad de expresión, pero establece límites. “Las expresiones vejatorias, ofensivas o ultrajantes no están amparadas por la Constitución, especialmente cuando provienen de autoridades públicas”.
Advierte que los jueces y fiscales, por su deber de imparcialidad y reserva profesional, no pueden replicar públicamente ciertos ataques. En esos casos, considera que deben activarse mecanismos de amparo, ya sea por parte del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo Fiscal, que deben respaldar al funcionario afectado y descalificar las críticas que traspasen los límites del respeto institucional.
Sobre la amnistía y la Constitución
Respecto a la polémica ley de amnistía, Redondo mantiene una postura clara: “Desde mi punto de vista, la amnistía no tiene cabida en nuestra Constitución”. Aunque reconoce que hay opiniones contrarias, insiste en que la interpretación del Tribunal Constitucional es la que finalmente define qué es constitucionalmente válido. “Mi criterio está expuesto en artículos y libros, pero el del TC es el decisivo”.
En un momento de intensa discusión sobre el rol del Ministerio Público, Redondo defiende una institución cuya legitimidad, según señala, no depende de coyunturas políticas ni de casos concretos, sino del respaldo constitucional que le otorga la función de promover la justicia y proteger la independencia judicial.
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