El oscuro papel del cuarto poder en la ocupación del Sahara
El 10 de diciembre de 2020, en los últimos meses de su mandato presidencial, Donald Trump anunció a través de una publicación en redes sociales que reconocía la soberanía de Marruecos sobre todo el territorio del Sahara Occidental. Esta declaración, emitida cuando ya se encontraba al borde de abandonar la Casa Blanca, no se sustenta en ningún marco jurídico internacional, ya que el Sahara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo bajo la tutela de las Naciones Unidas, cuya descolonización permanece pendiente. Por tanto, no existe soberanía marroquí reconocible legalmente, sino una ocupación de facto que se prolonga desde 1975.
Una narrativa mediática sesgada
La afirmación de Trump fue amplificada por gran parte de los medios de comunicación internacionales sin el necesario contexto jurídico ni matización crítica. En lugar de aclarar que se trataba de una postura política unilateral y contraria al derecho internacional, muchos medios reprodujeron el anuncio como un hecho consumado, contribuyendo a normalizar una falsedad jurídica. Esta omisión periodística ha convertido a importantes sectores de la prensa en cómplices indirectos de una narrativa promovida por el régimen marroquí, que busca presentar como legítima una ocupación considerada ilegal por organismos internacionales.
Años después, en julio de 2024, el presidente francés Emmanuel Macron repitió una postura similar, expresando su apoyo a las pretensiones territoriales de Marruecos sobre el Sahara Occidental. A diferencia de Trump, cuya motivación principal fue impulsar la inclusión de Marruecos en los Acuerdos de Abraham, Macron actuó en un contexto de tensión diplomática con Rabat y crisis interna en Francia. Su declaración no solo reiteró un reconocimiento infundado, sino que además abrió las puertas a empresas francesas para operar en los territorios ocupados, financiando proyectos con dinero público en zonas bajo control marroquí, lo que supone una implicación directa del Estado francés en actividades ilegales según el derecho internacional.
Manipulación cartográfica y normalización de la ocupación
- Uno de los elementos más preocupantes de esta campaña de desinformación es la alteración deliberada de mapas que representan el Sahara Occidental.
- En numerosos medios, la frontera norte del territorio saharaui, históricamente marcada con una línea continua en el paralelo 27° 40’ N, ha sido sustituida por un trazo discontinuo.
- Según la convención cartográfica internacional, las líneas discontinuas indican límites indefinidos o en disputa, lo cual no aplica al Sahara Occidental, cuyas fronteras están claramente establecidas y reconocidas.
- Este cambio gráfico, aparentemente técnico, tiene un impacto simbólico profundo: induce a la percepción de que el Sahara es parte integrante de Marruecos, cuando en realidad es un territorio distinto, con estatus de no autónomo bajo la ONU.
La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) fue proclamada en 1976 tras la retirada de España y el inicio de la invasión marroquí. Ha sido reconocida por 84 países y es miembro pleno de la Unión Africana. El pueblo saharaui, titular legítimo del territorio según las resoluciones de la ONU, mantiene una resistencia constante frente a la ocupación. Calificar esta situación como una "disputa territorial" en lugar de una ocupación ilegal es una distorsión que minimiza la gravedad del conflicto y el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación.
El uso estratégico de mapas alterados, junto con declaraciones políticas sin fundamento legal, forma parte de una campaña más amplia para imponer una narrativa que beneficia a intereses geopolíticos y económicos, en detrimento de los derechos humanos y el derecho internacional. Las universidades y centros de estudio en Europa, como algunos en España, han sido también escenario de iniciativas financiadas por Marruecos para promover esta visión sesgada, consolidando su influencia en el ámbito académico y mediático.
Cuando se escucha la frase “soberanía marroquí sobre el Sahara”, debe entenderse como una afirmación política sin validez jurídica, reiterada por líderes con intereses estratégicos, y reproducida por medios que omiten su contexto. No se trata de un reconocimiento legítimo, sino de una construcción ideológica que busca legitimar lo que, en derecho, sigue siendo una ocupación ilegal de un territorio en proceso de descolonización.
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