El PP revienta el pacto UE-Marruecos por el etiquetado del Sáhara

Este miércoles, el Parlamento Europeo debate y vota una controvertida propuesta sobre el etiquetado de frutas y hortalizas producidas en el Sáhara Occidental, un territorio cuya condición sigue pendiente de descolonización según las Naciones Unidas. La Comisión Europea ha presentado un acto delegado que permitiría identificar estos productos bajo denominaciones regionales marroquíes, como "El Aaiún-Sakia El Hamra" o "Dajla-Ued Eddahab", en lugar de especificar "Sáhara Occidental" como país de origen. Esta medida ha generado fuertes reacciones políticas y legales, especialmente por considerarse una forma de ocultar el verdadero origen de los productos y vulnerar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reconocen al Sáhara Occidental como un territorio distinto de Marruecos.

El PP se opone y cuestiona la legalidad del cambio

El Partido Popular español ha decidido presentar una objeción formal contra la propuesta, rompiendo así con la posición del PSOE, que aún no ha manifestado su postura final. Carmen Crespo Díaz, eurodiputada y portavoz de Agricultura del PP, ha rechazado "de manera rotunda" la nueva regulación, alegando que supone una vulneración directa de las sentencias del TJUE y un riesgo para la agricultura europea. "Este cambio deja indefensos a los agricultores y ganaderos comunitarios", afirmó, al tiempo que denunció que la Comisión Europea actúa como "la oficina comercial de Marruecos", imponiendo un sistema opaco que confunde al consumidor y socava la transparencia comercial.

La eurodiputada andaluza alertó también del impacto económico sobre la agricultura europea, especialmente en sectores clave como el del tomate. Según sus datos, España ha perdido hasta la mitad de su cuota en el mercado comunitario y hasta el 80 % en el Reino Unido desde el Brexit, mientras que Marruecos ha incrementado sus contingentes en un 70 %. Para Crespo, este desequilibrio se agravaría con un etiquetado que, al ocultar el origen real, generaría una "competencia desleal" estructural contra los productores europeos que operan bajo estándares fitosanitarios, sociales y medioambientales más exigentes.

Otras fuerzas políticas se suman a la crítica

La oposición no se limita al PP. Vox también ha presentado una moción contra la propuesta, exigiendo que los productos del Sáhara Occidental no sean etiquetados de forma ambigua y que la normativa europea no refleje interpretaciones políticas unilaterales sobre la soberanía del territorio. Los eurodiputados de la formación ultra consideran que el cambio equivale a "ocultar" el origen real de los productos, lo que no solo viola la jurisprudencia del TJUE, sino que también perjudica a los consumidores y al sistema de trazabilidad europeo.

En el debate parlamentario, miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), Los Verdes, La Izquierda y Patriotas por Europa han expresado su preocupación por lo que consideran una maniobra de Bruselas para socavar el estado de derecho en materia comercial. El eurodiputado italiano Herbert Dorfmann (PPE) calificó la iniciativa de "descaro", mientras que el irlandés Luke Ming Flanagan (La Izquierda) señaló la creciente desconexión entre el Parlamento, órgano democráticamente elegido, y la Comisión Europea: "Aquí todos vamos en una dirección, y la Comisión en otra".

Una decisión que trasciende el comercio

• La votación no solo afecta al etiquetado de productos, sino a la autoridad del Parlamento frente a decisiones ejecutivas de la Comisión.
• Organizaciones no gubernamentales, asociaciones de consumidores y el Frente Polisario amenazan con nuevas acciones legales si el acto delegado es aprobado.
• El caso podría volver al Tribunal de Justicia de la UE si el reglamento entra en vigor, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El PP subraya que no busca romper relaciones con Marruecos, sino establecer un marco comercial justo. En su objeción, exige reformar el acuerdo comercial actual, introducir cláusulas de reciprocidad, reforzar los controles en los puntos de inspección fronteriza (PIF) y crear una Oficina Europea de Control de Importaciones. "Queremos relaciones comerciales claras, transparentes y que respeten nuestras normas. No vamos a permitir que se juegue con la dignidad y el futuro de nuestros agricultores", sostiene Crespo Díaz.

La controversia también ha trascendido al ámbito territorial. En paralelo, el Gobierno de Canarias ha organizado una misión de inversión en zonas del Sáhara Occidental bajo control marroquí, lo que ha intensificado las tensiones con quienes denuncian el expolio de recursos naturales en un territorio cuya soberanía sigue siendo disputada a nivel internacional. La decisión del Parlamento Europeo este miércoles podría marcar un antes y un después en la política comercial de la UE con Marruecos, y en su compromiso con el derecho internacional.