Ábalos en prisión y el Gobierno al borde del colapso en el Congreso

La posible entrada en prisión de José Luis Ábalos, diputado del Grupo Mixto y antiguo ministro de Transportes, podría tener un impacto directo en la dinámica parlamentaria del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Aunque Ábalos conservaría formalmente su acta de diputado incluso si ingresara en prisión, quedaría suspendido de sus funciones parlamentarias, al amparo del reglamento de la Cámara. Esta suspensión le impediría participar en sesiones, comisiones y, en especial, en votaciones, lo que resta un apoyo clave al Ejecutivo en momentos de ajustada mayoría.

Sin cambios en el número de escaños

Fuentes parlamentarias han confirmado que, por ahora, no se contempla una reducción del número de diputados de 350 a 349, ni se ha iniciado ningún estudio o informe para tal fin. Esto significa que la mayoría absoluta seguirá situándose en 176 escaños, y no en 175, a pesar de la ausencia funcional de Ábalos. En este contexto, su voto no se contabiliza, pero su escaño sigue existiendo formalmente, sin alterar la estructura numérica de la Cámara.

Condición parlamentaria y suspensión

El reglamento del Congreso establece que los diputados quedan suspendidos de derechos y deberes cuando se encuentran en prisión preventiva y existe un auto de procesamiento firme, tal como sucede en el caso de Ábalos. El juez encargado del caso deberá notificar su decisión al Congreso, que, a su vez, la remitirá a la Mesa para gestionar la formalización de la suspensión. No obstante, mantener el escaño no implica perderlo: solo se pierde la condición de diputado en cuatro supuestos específicos —anulación judicial de la elección, fallecimiento, incapacitación legal o renuncia formal ante la Mesa—, ninguno de los cuales aplica por ahora al exsecretario de Organización del PSOE.

Polémica y expectativa judicial

El magistrado del Tribunal Supremo encargado del caso expresó en un auto su "estupor" por la permanencia de Ábalos en el cargo, a pesar de los graves indicios de corrupción que se le imputan, relacionados con la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia. Aunque reafirmó la importancia de la presunción de inocencia, el juez señaló que esta no debería impedir la creación de mecanismos legales para apartar a cargos electos en situaciones similares.

Este jueves, Ábalos afronta una vista en el Supremo que podría determinar su ingreso en prisión, un escenario que comparte con otras figuras como Koldo, también investigado en el mismo caso. La Fiscalía Anticorrupción ya ha solicitado el ingreso en prisión para ambos. La situación genera inquietud en el Ejecutivo, no solo por la tensión política, sino por el temor a que puedan revelarse informaciones comprometedoras en caso de que decidan colaborar con la justicia.

Mientras tanto, la oposición ha intensificado sus críticas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convocó una manifestación este domingo en el Templo de Debod de Madrid bajo el lema contra "la corrupción del Gobierno", aprovechando el caso para presionar al Ejecutivo. En medio del debate público, crece también la exigencia ciudadana de igualdad ante la justicia, como refleja un comentario destacado en el medio: "Si Santos Cerdán no va a prisión, y estos dos están siendo procesados, ¿dónde está la equidad? Que haya juicio para todos y, en su caso, también cárcel".