El PSOE admitió fallar en el caso Salazar pero oculta la verdad

La dirección federal del PSOE ha reconocido oficialmente haber fallado en la gestión de las denuncias presentadas en julio contra Paco Salazar, exalto cargo del Gobierno y expresidente del PSOE de Madrid, por comportamientos descritos como "repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del partido". En una nota interna fechada el 5 de diciembre y dirigida a la ejecutiva federal, así como a los responsables parlamentarios y territoriales, la cúpula del partido asume no haber estado "a la altura" y lamenta no haber "arropado suficientemente" a las dos mujeres que presentaron las denuncias de manera anónima.

Reconocimiento del error pero sin explicar los motivos

Durante casi cinco meses, desde que las denuncias fueron recibidas por el canal habilitado contra el acoso sexual, no se dio respuesta alguna a las denunciantes, trabajadoras de La Moncloa. El protocolo frente al acoso sexual fue aprobado por la ejecutiva federal el 26 de mayo de 2025, pero no fue activado hasta el 7 de julio, cuando se creó un canal específico —ya en funcionamiento— para recibir denuncias, incluso de forma anónima. Las dos denuncias contra Salazar se registraron los días 8 y 28 de julio, pero no fue hasta esta semana, tras la publicación de los detalles por un medio de comunicación, cuando el comité antiacoso estableció contacto directo con las afectadas.

El partido destaca que el órgano encargado del análisis actúa con "independencia y autonomía" y que no puede recibir instrucciones de ningún sector de la organización. Está compuesto por especialistas en la materia y fue nombrado en julio. Sin embargo, se mantiene en reserva la identidad de sus miembros. Ferraz aclara que, a pesar de la "ofuscación" automática de los casos pasados 90 días desde su registro —una medida técnica para proteger los datos—, ninguna denuncia se elimina del sistema y el comité puede acceder a ellas.

Protocolo aplicado, pero con fallos en la comunicación

• Las denuncias contra Salazar "están siendo analizadas y contrastadas" dentro del plazo establecido por el protocolo.
• El plazo máximo inicial es de tres meses, prorrogable otros tres en casos complejos.
• El comité emitirá un informe con conclusiones y propuesta de medidas, que será remitido a la Secretaría de Organización, que preside Rebeca Torró.
• El informe podrá incluir la remisión al Ministerio Fiscal, tal como exigen voces feministas internas como Ileana Lastra.

En el caso de Torremolinos, un escenario distinto permitió una acción más directa: una militante denunció ante la ejecutiva provincial al secretario general local, Antonio Navarro, por conductas "misóginas y machistas". La denuncia, no enviada por el canal digital, fue remitida a la dirección federal, que la trasladó al comité antiacoso. Como este no emitió informe final, la afectada acudió a la Fiscalía, que abrió diligencias. Tras esto, el PSOE suspendió cautelarmente la militancia de Navarro e incoó un expediente disciplinario. El interesado tiene 10 días para presentar alegaciones ante la Comisión Federal de Ética y Garantías.

El partido defiende su compromiso, pero admite mejoras

El PSOE reafirma su "tolerancia cero" con el acoso a las mujeres y subraya ser el primer partido en contar con un protocolo formal contra el acoso. Reconoce, sin embargo, que al tratarse de un "sistema innovador", requiere "mejoras continuas", y asegura que no escatimará recursos para perfeccionarlo. La dirección federal insiste en que no permitirá que se cuestione su compromiso con la lucha contra la violencia machista, especialmente por parte de quienes, según señala, "banalizan o niegan" esta problemática.

Pese a los esfuerzos formales, el caso Salazar ha generado un fuerte impacto interno, especialmente en el arranque de la campaña electoral en Extremadura, donde el ambiente ya era complejo. Mientras tanto, figuras como Óscar López, ministro de Transformación Digital, defienden que no hubo protección a Salazar y afirman que se están aplicando los protocolos. Pedro Sánchez, por su parte, ha asumido "en primera persona" el error en la gestión, aunque niega cualquier encubrimiento.