Gobierno anuncia subida salarial pero funcionarios siguen perdiendo 24% de poder adquisitivo

El Consejo de Ministros aprobó este martes el decreto que garantiza la subida salarial para el empleo público correspondiente a 2025 y 2026, un paso clave dentro del nuevo Acuerdo Marco 2025-2028. Más de tres millones de funcionarios verán reflejado en su nómina de diciembre un incremento del 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. Para 2026, se establece una subida base del 1,5%, a la que podría sumarse un 0,5% adicional si la inflación alcanza o supera el 1,5%. En ese caso, el complemento se abonaría en el primer trimestre de 2027, también de forma retroactiva, lo que elevaría la subida total del año a un 2%.

Un acuerdo para evitar la huelga, pero con críticas crecientes

Este acuerdo, sellado tras semanas de intensas negociaciones, logró evitar lo que hubiera sido la primera huelga general del sector público desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno. Los tres principales sindicatos —CCOO, CSIF y UGT— firmaron el pacto el pasado jueves, que prevé una revalorización acumulada de hasta el 11,4% durante el periodo 2025-2028. Desde CSIF destacaron que, con este incremento, los funcionarios podrían recuperar un 2,9% de poder adquisitivo.

No obstante, la aceptación no es unánime. Ana Ercoreca, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), criticó duramente el acuerdo, argumentando que no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde hace décadas. Según sus cálculos, los empleados públicos han perdido más del 44% de su capacidad de compra desde 1982, un desgaste que, a su juicio, no se revierte con las revalorizaciones previstas.

La inflación, por encima de los incrementos salariales

• Para 2025, el incremento salarial es del 2,5%, pero la inflación en noviembre ya alcanzó el 3%, lo que implica una nueva pérdida de poder adquisitivo.
• En 2026, aunque el aumento pueda llegar al 2%, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé una inflación del 2,6%, manteniendo la brecha.
• La única recuperación real se produciría en 2027, con una subida salarial del 4,5%, coincidiendo con el año electoral.
• En 2028, la subida prevista es del 2%, cifra que, según la AIReF, solo neutralizaría el impacto inflacionista sin contribuir al cierre de la brecha acumulada.

El desfase entre crecimiento salarial e inflación se extiende desde principios del siglo. Tomando como referencia el año 2002, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comienza a ofrecer datos continuos del Índice de Precios al Consumo (IPC), la inflación acumulada alcanza el 67,44%, mientras que los aumentos salariales se han limitado al 43,58%. Esto sitúa la pérdida neta de poder adquisitivo en 23,9 puntos.

El periodo 2010-2015, marcado por recortes salariales del 5% y congelaciones, amplió significativamente esa brecha. Aunque entre 2016 y 2020 hubo cierta recuperación gracias a una inflación contenida, la irrupción de la pandemia y la crisis energética catapultaron la inflación a máximos históricos: 6,5% en diciembre de 2021 y 5,7% en diciembre de 2022. Pese a las subidas del 3,5% en 2022 y 2023 y del 2,5% en 2024 —las más altas desde 2002—, no fue suficiente para compensar el alza de precios.

Un escenario que se agudizaría hacia 2028

Según las previsiones actuales, el nuevo acuerdo no reducirá la brecha, sino que la incrementaría ligeramente. Si en 2024 la diferencia entre la inflación y los salarios se situaba en 23,86 puntos, al cierre de 2028 podría alcanzar el 24,1%, siempre que no se produzcan nuevos shocks económicos. Aunque 2027 marcaría un punto de inflexión con el mayor incremento salarial desde hace más de dos décadas, su efecto sería temporal y limitado en el tiempo.