Bildu acusado de corrupción el PNV destapa el impuesto revolucionario

La izquierda abertzale ha construido parte de su identidad política sobre un discurso de transparencia y ejemplaridad frente a la corrupción, un argumento que ha utilizado de forma sistemática para confrontar a sus rivales, especialmente al PNV. Esta semana, su líder, Arnaldo Otegi, reiteró esa postura con contundencia: “Somos la garantía de honradez y ejemplaridad en la actividad política”. Un mensaje que repite con frecuencia y que se ha convertido en una de las piedras angulares de su narrativa, especialmente en un contexto en el que otros partidos han sido salpicados por escándalos de corrupción.

Entre la acusación y la memoria incómoda

EH Bildu, formada en 2012 como sucesora de otras formaciones políticas de la izquierda abertzale, ha ido ganando progresivamente espacios institucionales desde el fin de la actividad armada de ETA. Hoy gobierna 104 municipios en el País Vasco y 37 en Navarra, incluyendo Pamplona. En todo este tiempo, la coalición no ha estado implicada en casos de corrupción derivados de la gestión pública, lo que le ha permitido proyectar una imagen de limpieza administrativa. Sin embargo, esta afirmación no escapa de una memoria histórica compleja que sus adversarios políticos no dudan en recordar.

Su principal contrapunto es el PNV, que ha sido blanco repetido de denuncias y auditorías impulsadas por EH Bildu, especialmente tras el “caso De Miguel”, en el que 15 miembros del partido jeltzale fueron condenados en 2019 por un entramado de prevaricación y malversación, considerado el caso de corrupción más grave juzgado en Euskadi. Tras la sentencia, Otegi se apresuró a afirmar que la corrupción en el PNV era “estructural”, en contraste con la supuesta pureza de su formación. Frente a esto, el entonces presidente del PNV, Andoni Ortuzar, lanzó una respuesta directa: recordó que la izquierda abertzale se había beneficiado décadas atrás del “impuesto revolucionario”, el sistema de extorsión que ETA ejercía sobre empresarios vascos.

El legado del “impuesto revolucionario”

• Este sistema funcionaba mediante amenazas y pagos forzados a empresas, muchas veces gestionados a través de militantes o estructuras vinculadas a la izquierda abertzale.
• Empresarios solían acudir a dirigentes de estas formaciones para negociar con ETA, utilizando las “Herriko Tabernas” como puntos de encuentro.
• La justicia investigó en varias ocasiones estas sedes sociales por su papel en la financiación irregular de la organización terrorista.

Este pasado sigue siendo un punto de fricción. Mientras EH Bildu insiste en su ruptura con aquella época, sus detractores señalan que formó parte activa o pasiva de un mecanismo que constituye, sin duda, una de las mayores formas de explotación y corrupción de carácter político-económico en la historia reciente del territorio.

Un doble rasero frente al PSOE

La postura crítica de EH Bildu respecto a la corrupción pierde intensidad cuando se trata de abordar los casos que afectan al PSOE, con quien mantiene alianzas estables tanto en Navarra como a nivel nacional. Pese a escándalos como el caso Servinabar —un lucrativo contrato en Navarra que ha salpicado a una Consejería con representación de EH Bildu— o las investigaciones por los Túneles de Belate y el "caso Koldo", la coalición ha mantenido un perfil moderado. Incluso con protagonistas políticos actualmente en prisión, como Santos Cerdán —quien trató directamente con Otegi para negociar apoyos al Gobierno de Sánchez—, las críticas han sido contenidas y focalizadas más en la necesidad de “ejemplaridad general” que en señalar directamente al PSOE.

Desde formaciones como UPN, esto se ha interpretado como un intento de “tapar la corrupción socialista”. La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, no ha dudado en acusarles de aplicar un doble estándar, especialmente cuando la coalición ha mostrado dureza en los ataques al PNV.

Sombra del acoso machista

Aunque la corrupción institucional no ha manchado a EH Bildu, otros asuntos han ensombrecido su imagen reciente. En 2019, la coalición apartó a Josu Juaristi, entonces candidato a las elecciones europeas, tras ser acusado de enviar “mensajes fuera de lugar” a su expareja. El caso derivó en una sanción interna por “actuaciones inaceptables”.

También en 2019, el edil de EH Bildu en Pamplona, Joxé Abaurrea, fue condenado por agredir a una concejala del PP durante los Sanfermines. Pese a la condena, fue posteriormente readmitido en la confianza del alcalde Joseba Asirón. Un año antes, en 2017, un exconcejal de la formación en Zarauz fue denunciado por una joven de 19 años por una agresión ocurrida en una Herriko Taberna local, lo que revivió preocupaciones sobre actitudes machistas dentro del entorno político de la izquierda abertzale.