La Audiencia Nacional exige al PSOE explicar pagos en negro desde 2017

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha exigido al PSOE que entregue en un plazo de tres días la relación completa de pagos en efectivo realizados a sus cargos entre 2017 y 2024, así como la documentación que justifique esos desembolsos. Esta medida responde a una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que considera insuficiente la explicación ofrecida hasta ahora sobre el procedimiento seguido para verificar los gastos alegados por los responsables del partido antes de su reembolso en metálico.

Requerimientos judiciales en el marco del caso Koldo

El nuevo requerimiento forma parte de las primeras diligencias abiertas por el juez Moreno en una pieza derivada del conocido caso Koldo, centrada en el flujo de dinero en efectivo detectado en la sede del PSOE en Ferraz. La Fiscalía ha subrayado que aún no ha quedado claro quién era la persona encargada de supervisar estos pagos ni cómo se validaban los justificantes, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del sistema interno de liquidación de gastos.

La misma fiscalía ha solicitado además que se autorice a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a examinar el contenido de las evidencias digitales incautadas durante las pesquisas, con el fin de determinar si hubo entregas irregulares de dinero en la sede socialista. En este sentido, el fiscal Luis Pastor ha recordado las declaraciones de Víctor de Aldama y de la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en Ferraz.

Indicios de posibles delitos

• La Fiscalía señala que diversas pruebas recopiladas por la UCO podrían evidenciar conductas delictivas, entre ellas blanqueo de capitales o desvío de fondos del partido.
• Se ha pedido al juez que encargue a la UCO el análisis de cualquier mensaje o documento digital relacionado con los pagos en efectivo, incluyendo los datos ya recabados en la causa que investiga el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.
• Anticorrupción desestima la versión de Mariano Moreno, exgerente del PSOE, y de Celia Rodríguez, trabajadora de Ferraz, quienes afirmaron que los pagos respondían a la liquidación de gastos del "equipo de organización" gestionados por Koldo García. Según el fiscal, no hay pruebas de que este último hubiera repartido efectivamente el dinero entre quienes tenían derecho a la devolución.

El fiscal insiste en que el sistema vigente carecía de controles suficientes: bastaba con la firma de José Luis Ábalos para autorizar los reembolsos, sin que se exigiera comprobación posterior alguna. Tampoco se verificaba si quien solicitaba la devolución era efectivamente quien había asumido el gasto, ni si este se había pagado en metálico o a través de medios bancarios. Esta falta de control, advierte el Ministerio Público, podría haber permitido el uso de dinero procedente de actividades ilícitas, facilitando su blanqueo mediante la compensación de gastos ficticios o mal justificados.

Además, el escrito fiscal destaca que una misma persona podía gestionar la devolución de gastos incurridos no por ella, sino por terceros, lo que agrava el riesgo de manipulación del sistema. Estas irregularidades ya fueron objeto de alerta por parte del juez Leopoldo Puente, quien derivó esta parte del caso a la Audiencia Nacional para su investigación específica.