La Vicepresidencia Desenmascarada Todo lo Que No Sabías

América Latina ha sido escenario constante de reformas institucionales con la esperanza de corregir los males de sus sistemas políticos. Desde modificaciones electorales hasta cambios en los mecanismos de elección presidencial, las élites y gran parte de la ciudadanía asumen que alterar las reglas del juego institucional es la clave para mejorar la calidad democrática. Sin embargo, muchas de estas reformas, aunque bien intencionadas, no han logrado los efectos esperados, especialmente cuando los partidos políticos carecen de solidez y las alianzas se construyen sobre intereses circunstanciales más que sobre programas comunes.

La ilusión de las reformas políticas

Uno de los ejemplos más recurrentes es la adopción del sistema de segunda vuelta presidencial, implementado en varios países para evitar que gobiernen candidatos con apoyo minoritario en elecciones fragmentadas. Aunque en teoría esta medida incentiva la formación de coaliciones programáticas, en la práctica, la debilidad estructural de los partidos limita su efectividad. En lugar de acuerdos ideológicos, las segundas vueltas suelen convertirse en escenarios de alianzas tácticas, donde los votos se otorgan no por afinidad, sino para evitar que un candidato considerado indeseable llegue al poder. Este “apoyo negativo” mina la legitimidad del mandatario electo y debilita el vínculo entre representantes y representados.

Este fenómeno no solo afecta a los presidentes, sino también a figuras como los vicepresidentes, cuyas funciones suelen estar mal definidas o subutilizadas. En Bolivia, el reciente caso del vicepresidente Edmundo Lara evidencia esta tensión. Figura surgida como denunciante de corrupción en la policía, Lara fue elegido como perfil reformista y ético. Sin embargo, sus continuas críticas públicas al gobierno de Rodrigo Paz —especialmente por decisiones internas y alianzas legislativas— han puesto en evidencia una ruptura entre ambos. Su anuncio en redes sociales de que ya “no es parte del gobierno” genera una contradicción institucional: mientras no renuncie formalmente, sigue ostentando un cargo constitucional clave, como presidir la Asamblea Legislativa Plurinacional o servir como puente entre poderes. Sin renuncia, su permanencia en el cargo mientras hace oposición se asemeja más a una actuación de “conspirador a sueldo”, en palabras del histórico presidente ecuatoriano Velasco Ibarra.

Conflictos en puestos de sucesión

El desencuentro entre jefe de Estado y vicepresidente no es un caso aislado. En Argentina, la relación entre Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel también evidencia tensiones profundas. Aunque el sistema argentino asigna al vicepresidente la presidencia del Senado, su rol real se ve mermado por el liderazgo personalista y mediático de Milei. Villarruel, con una agenda propia centrada en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, busca autonomía dentro de un gobierno que no favorece coexistencia de liderazgos paralelos. La marginalización dentro del Senado y la falta de coordinación en políticas públicas profundizan un conflicto que trasciende lo institucional para instalarse en lo personal.

En Ecuador, el caso de Daniel Noboa y la exvicepresidenta Verónica Abad marca un hito aún más grave. Su alianza fue claramente instrumental, forjada para cumplir con la exigencia legal de binomios de género. Una vez en el poder, Noboa relegó a Abad a una supuesta “misión diplomática” en Israel, luego en Turquía, bajo condiciones imposibles de ejecutar. Esta estrategia terminó con una sanción laboral impuesta por el Ministerio de Trabajo, que culminó en su destitución de facto. Jurídicamente irregular, el episodio reveló una clara intención autoritaria de neutralizar a un vicepresidente que buscaba autonomía.

En Perú, el vacío del cargo de vicepresidente desde 2018 —reemplazado en la práctica por el presidente del Congreso como sucesor constitucional— ha generado un sistema inestable. Con la facilidad de remover a un presidente bajo el argumento de “incapacidad moral permanente”, este modelo incentiva a los sucesores potenciales a conspirar, más que a colaborar. Varios presidentes han caído por esta vía, dejando en evidencia que el diseño de la sucesión puede fomentar inestabilidad en lugar de garantizar continuidad.

El fondo del problema

• Las candidaturas presidenciales se forman con frecuencia como alianzas circunstanciales, sin base partidaria sólida ni trayectoria política compartida.
• La debilidad de los partidos como instituciones dificulta la cohesión entre los miembros de un binomio de gobierno.
• La falta de fidelidad partidaria aumenta las tensiones cuando no hay un marco ideológico común que sirva de brújula.

Como señaló el politólogo Giovanni Sartori, antes de reformar las instituciones, es esencial preguntarse si realmente entendemos lo que hay que cambiar. En América Latina, la solución no pasa solo por modificar los regímenes electorales o redistribuir funciones entre cargos, sino por fortalecer los partidos y promover una cultura política que valore la lealtad programática por encima del oportunismo. Este es un proceso de largo aliento que requiere no solo de reformas legales, sino de una transformación profunda de la relación entre ciudadanía, representación y poder.