España vs Marruecos la batalla oculta por el mar que nadie te contó

La delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos presenta escenarios muy distintos según se trate del Mediterráneo o del océano Atlántico, con particularidades que afectan tanto a la soberanía territorial como a los derechos de explotación de recursos en zonas estratégicas aún no delimitadas. La tensión entre ambas naciones no se limita a la geografía administrativa, sino que atraviesa debates jurídicos internacionales, intereses económicos y cuestiones sensibles de política exterior.

El reto de la delimitación en el Estrecho y el Atlántico

En el mar Mediterráneo, especialmente en el Estrecho de Gibraltar, la delimitación del mar territorial entre España y Marruecos sigue el principio de equidistancia, establecido por el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR), ratificada por España en 1997 y por Marruecos en 2007. Ambos países reconocen una extensión de 12 millas náuticas para su mar territorial, lo que impide que se superpongan bajo el criterio de la línea media. Sin embargo, Marruecos ha mantenido históricamente una postura ambigua al declarar, en el momento de su ratificación, que Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera son territorios marroquíes bajo ocupación española, sin reconocer así su soberanía española plena.

Esta posición ha generado una constante tensión diplomática, especialmente cuando el Gobierno marroquí ha recurrido a la apertura selectiva de fronteras para permitir el paso de migrantes a Ceuta y Melilla, exacerbando problemas humanitarios y sociales en ambas ciudades. Además, Marruecos condiciona cualquier avance en el diálogo a la futura resolución del conflicto del Sáhara Occidental, considerando la cuestión de Ceuta y Melilla como parte del proceso de “reintegración territorial”.

En el océano Atlántico, la situación es más compleja. Entre las Islas Canarias y la costa marroquí continental no existe solapamiento del mar territorial, pero sí una superposición clara en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y en la plataforma continental. España, mediante la Ley 15/1978, estableció una ZEE de 200 millas desde Canarias, y Marruecos hizo lo propio con legislación propia (Leyes 37-17 y 38-17), extendiéndose también hasta 200 millas e incluso hasta 350 en el caso de la plataforma continental, según lo permite el artículo 76 de la COVEMAR. Ambas pretensiones generan una zona de superposición que aún carece de una delimitación oficial.

Los límites del diálogo bilateral: islas vs. costa continental

• Marruecos no acepta el criterio de equidistancia pura, argumentando que una extensa costa continental no debería ser tratada igual que un archipiélago como Canarias. Su posición se basa en la búsqueda de una “solución equitativa”, según el artículo 74.1 de la COVEMAR, lo que permite una interpretación más flexible.
• España, en cambio, defiende la aplicación del principio de equidistancia, respaldado por el artículo 121 de la Convención, que otorga a las islas los mismos derechos que al territorio continental para generar espacios marítimos, siempre que no se trate de formaciones rocosas inhabitables.
• Entre 2000 y 2007, nueve rondas de negociaciones fracasaron porque Marruecos se negó a reconocer a Canarias los mismos derechos que a su litoral. Sin acuerdo, ambas partes han adoptado de facto una línea media entre Gran Tarajal (Fuerteventura) y Cabo Juby (Tarfaya) como referencia provisional, pese a que Marruecos no la reconoce oficialmente.

En 2014, España presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) una solicitud para ampliar la plataforma de Canarias hasta las 350 millas, basándose en criterios geológicos. Marruecos rechazó la iniciativa, argumentando que afectaba a sus derechos, aunque jurídicamente la CLPC solo puede recomendar límites exteriores sin prejuzgar delimitaciones con otros Estados. El Tribunal Internacional de Justicia ya aclaró en 2016 que esta comisión no resuelve disputas bilaterales, sino que limita su función a aspectos técnicos.

La complicación del Sáhara Occidental

El tema se entrelaza con el estatus internacional del Sáhara Occidental, territorio no autónomo bajo ocupación de facto por Marruecos, pero cuya soberanía no está reconocida por la ONU ni por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). A través de reformas legislativas, Marruecos ha incorporado las aguas frente al Sáhara en su ZEE, lo que el TJUE ha calificado repetidamente como ilegal. En sentencias clave de 2015, 2018 y 2020, el Tribunal ha establecido que el Sáhara no forma parte del territorio marroquí y que, por tanto, no puede incluirse en acuerdos comerciales o pesqueros con la UE sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Pese a ello, la Comisión Europea ha seguido incluyendo en sus acuerdos con Marruecos productos y aguas originarias del Sáhara Occidental, generando críticas por poner intereses económicos por encima del derecho internacional. En 2021, el Tribunal General de la UE ratificó la necesidad de consentimiento expreso del pueblo saharaui, lo que refuerza su derecho a la libre determinación.

Ante esta situación, España no tiene un interlocutor válido para negociar la delimitación marítima al sur de Canarias. Jurídicamente, sigue siendo la potencia administradora de derecho, aunque no actúe como tal en la práctica. Mientras Marruecos administra el territorio de hecho, carece de soberanía legal. Esto convierte cualquier negociación directa en una concesión implícita a la legitimidad marroquí sobre el Sáhara, algo que contradice el derecho internacional.

El tesoro submarino del monte Tropic

La situación se vuelve más estratégica con el descubrimiento del montículo Tropic, un volcán submarino situado a 269 millas al suroeste de El Hierro, que podría albergar importantes yacimientos de metales raros y valiosos. Su explotación dependería de la ampliación de la plataforma continental canaria hasta 350 millas, algo que aún está pendiente de resolución por la CLPC. Marruecos, consciente de su valor, ha propuesto una "Zona de Desarrollo Conjunto" para gestionar el área de forma compartida, lo que muchos analistas consideran un intento de legitimar su influencia en aguas que no controla legalmente.

Algunos sectores, como el artículo publicado por Daniel Abascal, abogan por un acercamiento con Marruecos para fortalecer posiciones ante la CLPC. Pero esta postura –que sugiere “reconocer” la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de seguridad jurídica para Canarias– entra en conflicto directo con el derecho internacional y con el compromiso histórico de España con la descolonización.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por su falta de firmeza, especialmente tras la carta de 2022 en la que respaldaba el Plan de Autonomía marroquí para el Sáhara, sin exigir referéndum de autodeterminación. Esta actitud contradice la promesa reiterada de que la descolonización debe concluir con el consentimiento libre del pueblo saharaui. Mientras tanto, Marruecos sigue consolidando su presencia en la zona, desafiando tanto a la legalidad internacional como a los derechos de España a gestionar sus espacios marítimos de forma soberana y ordenada.