Las eléctricas declaran guerra a la presidenta de la CNMC

Una profunda crisis interna sacude a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un momento crucial para el futuro del sistema eléctrico español. A escasas semanas de que se deba fijar el marco regulatorio para la remuneración de las inversiones en redes eléctricas entre 2026 y 2031, la decisión de la presidenta, Cani Cañete, de destituir al subdirector de regulación Ismael Bahillo ha generado un fuerte impacto en el sector y ha evidenciado las profundas fracturas dentro del organismo regulador.

Desavenencias en el corazón de la regulación

Bahillo, considerado un técnico de prestigio y con una larga trayectoria dentro de la CNMC, fue cesado tras mantener posiciones críticas frente al modelo de retribución que lideraba la presidenta. Su destitución ha sido interpretada por varias compañías eléctricas como un “golpe en la mesa” que evidencia una toma de control autoritaria en un proceso clave. Fuentes del sector califican la medida como "difícil de entender", especialmente en un momento en que se discute un modelo que determinará la capacidad del país para atraer inversiones millonarias.

El modelo planteado por Cañete propone una tasa de retribución del 6,58% para las inversiones en redes, frente al 5,58% actual. Aunque supone un aumento, las principales eléctricas —entre ellas Iberdrola y Endesa— lo consideran insuficiente y han advertido que podrían revisar sus planes de inversión si no se eleva al menos al 7,5%, nivel alineado con el resto de Europa. Además, reclaman uniformidad en el tratamiento entre transporte y distribución, ya que la propuesta actual vincula la remuneración de la distribución a la evolución de la demanda, lo que introduciría mayor incertidumbre para los inversores, mientras que el transporte quedaría exento de esta condición.

Un modelo cuestionado desde dentro y fuera

• La propuesta no contó con el apoyo unánime del pleno de la CNMC: al menos dos vocales, María Jesús Martín y Josep María Salas, emitieron votos particulares, calificando el modelo como "discriminatorio" y "confiscatorio".
• El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Sara Aagesen, emitió un informe insistiendo en la necesidad de una retribución competitiva para impulsar la modernización de las redes, clave para la descarbonización y la electrificación.
• Redeia, operador del sistema, señaló que con una tasa del 6,5% España pierde atractivo frente a otros países con retornos superiores, lo que dificulta la atracción de capital.
• La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, afirmó que una tasa adecuada "debería rondar el 7%" para hacer viables proyectos estratégicos como la digitalización y la ciberseguridad.

La propuesta de la CNMC ya ha sido enviada al Consejo de Estado, que dispone de dos semanas para emitir un informe no vinculante tras un periodo de alegaciones que concluyó este lunes. Aunque la opinión del Consejo no es obligatoria, su dictamen servirá como referencia antes de que la CNMC adopte la decisión final.

El Gobierno insiste en la urgencia de modernizar una red cuya congestión alcanza ya el 87%, lo que ha obligado a desconectar numerosos proyectos renovables por falta de capacidad. En este contexto, la controversia por el marco de retribución trasciende lo técnico y se convierte en un factor determinante para el éxito o fracaso de la transición energética en España.